BUENOS AIRES, 22 Oct. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -
El presidente de la Unión de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (UAFJP), Sebastián Palla, aseguró que harán "todas las acciones que sean necesarias para proteger a los afiliados" tras el anuncio del Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de eliminar el sistema de jubilaciones privadas vigente desde 1994.
Palla dijo que las acciones previstas incluirán "todo lo que tenga que incluir", con lo que no descartó la realización de juicios en tribunales de Argentina y del extranjero por el cambio de las reglas de juego.
Abogados del foro local consultados por Europa Press, que prefirieron mantener el anonimato, vaticinaron "una catarata de juicios" contra la decisión presidencial, tanto de ahorristas individuales por la confiscación de sus fondos como de las AFJP que hasta ahora administraban el negocio.
La presidenta anunció el envío de un proyecto para suspender el sistema privado de jubilaciones y la creación de un único sistema estatal y defendió la medida como consecuencia de la crisis financiera internacional y la caída de rentabilidad de las AFJP.
Según Palla, con la decisión presidencial "desaparece el mayor inversor institucional de Argentina", lo que, a su juicio, "tendrá un impacto devastador sobre el mercado de capitales".
"El proyecto de ley que se anuncia no tiene una visión de largo plazo, sino que está basado en un hecho coyuntural, que es la crisis de los mercados financieros, la mayor crisis desde la Gran Depresión según coinciden todos los especialistas a nivel mundial", denunciaron las AFJP en un comunicado.
"En cambio, el dato relevante es que los fondos administrados por las AFJP son fondos de largo plazo, para un contexto de reglas estables. Si fuésemos capaces de mirar ese dato, las rentabilidades obtenidas por los fondos desde el inicio del sub-sistema, han sido extraordinariamente positivas, tanto en términos nominales como en términos reales", añade el texto.
Las AFJP tiene 9,5 millones de afiliados, aunque los aportantes continuados son unos 3,5 millones de trabajadores. El sistema recauda unos 15.000 millones de pesos anuales (4.477 millones de euros) que con el nuevo sistema pasarán a ser administrados por el estado.
La discusión del proyecto en el Congreso será ardua porque la oposición se haya dividida en su postura frente a la medida, aunque todos ponen reparos sobre la administración de los fondos acumulados.