BUENOS AIRES, 21 Mar. (Del corresponsal de EUROPA PRESS Rafael Saralegui) -
El Gobierno argentino decidió hoy rescindir su contrato con Aguas Argentinas, en la que participa la española Aguas de Barcelona, tras acusarla de cometer abusos y anunció la creación de una nueva compañía estatal que se hará cargo de la provisión de agua potable y cloacas, según lo anunció el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
"El Estado argentino debe proteger de manera prioritaria los más indefensos frente a los abusos cometidos por Aguas Argentina y la medida se tomó considerando que el acceso al agua es considerado un derecho humano que debe estar basado en la justicia social y requiere que esta realice actitudes positivas", dijo De Vido.
Según explicó el titular de Planificación, antes del anuncio hubo una reunión con el presidente del país, Néstor Kirchner, en la que se firmó el decreto de necesidad y urgencia que liquidaba la relación contractual entre el Estado argentino y la empresa, que databa de 1993.
La empresa francesa Suez, accionista mayoritaria de Aguas Argentinas, había anunciado ya el año pasado su decisión de retirarse de la concesión de la empresa, en la que también tiene participación la española Aguas de Barcelona. Durante este período, el Gobierno intentó encontrar otra empresa que se hiciera cargo del servicio.
"El presidente está firmando el decreto para crear la empresa AYSA, Aguas y Saneamiento Argentino Sociedad Anónima", dijo De Vido a los periodistas. El ministro explicó que el Estado tendrá el 90% del capital accionario de esta empresa.
De esta forma, la empresa estatal será la encargada de la provisión del servicio de agua potable y cloacas a casi 10 millones de clientes de la ciudad de Buenos Aires y de los distritos que la rodean.
Esta es la segunda empresa a la que el Gobierno de Kirchner le rescinde el contrato desde que llegara a la Presidencia de Argentina en 2003. La primera fue el Correo Argentino, que fue reestatizado, tras quitarle la concesión del servicio al grupo Macri.
De Vido dijo que el Gobierno tomó esta decisión por un supuesto incumplimiento de las obras pautadas en el contrato de concesión, la falta de acceso al servicio de agua potable y cloacas para unos dos millones de personas y por los niveles de nitrato registrados en pozos de agua dentro el área de concesión.