BUENOS AIRES, 16 sep, 16 Sep. (Reuters/EP) -
- El Gobierno argentino presentó el martes una queja formal ante Estados Unidos luego de que su máximo diplomático en Buenos Aires dijera a un medio local que es prioritario para el país salir de su default de deuda.
El canciller argentino, Héctor Timerman, le transmitió su malestar al encargado de negocios estadounidense en Argentina, Kevin Sullivan, a quien había citado por haber dicho recientemente al diario Clarín que es "importante que Argentina salga del default".
"El ministro le expresó el profundo malestar y el enérgico rechazo del Gobierno argentino por las impropias declaraciones del diplomático estadounidense publicadas en el día de ayer (lunes) con relación al cumplimiento de los pagos a los acreedores de la deuda reestructurada", dijo la Cancillería en un comunicado.
Sullivan es el diplomático estadounidense de mayor rango en Buenos Aires hasta que el Congreso de Washington nomine a un nuevo embajador. La embajada estadounidense no quiso comentar sobre el comunicado de la Cancillería.
"El canciller Timerman le aseguró que de repetirse este tipo de intromisiones en los asuntos internos de la República Argentina se adoptarán las más severas medidas estipuladas en la Convención de Viena sobre la conducta de los representantes diplomáticos", agregó la Cancillería.
La convención permite declarar a un diplomático como persona no grata para luego solicitar su remoción.
La tercera economía latinoamericana no pudo completar a fines de julio el pago de los intereses de su bono Discount en el extranjero debido a un bloqueo judicial en Estados Unidos, en el marco de la larga batalla que el país libra con los fondos de cobertura que le reclaman recibir el valor total de títulos que dejó de honrar en su masivo incumplimiento del 2002.
Argentina ha negado que haya cometido un default con el Discount debido a que depositó en tiempo y forma los 539 millones de dólares necesarios para cancelar sus intereses en las cuentas del agente de pagos en Buenos Aires.
Esos fondos han quedado en un limbo legal desde entonces, con Argentina asegurando que le pertenecen a los acreedores y una corte en Nueva York amenazando con declarar en desacato a cualquier entidad financiera que colabore con el país para completar el pago de los títulos.
La crisis de la deuda añadió presión a la debilitada economía local, que entró en recesión en el primer trimestre asfixiada por una alta inflación, una caída del consumo doméstico y menores exportaciones.