28 de abril de 2006

Bolivia.- La Fiscalía de Santa Cruz interviene la planta de gas de Repsol en campo de Margarita y requisa sus equipos

MADRID/LA PAZ, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Santa Cruz intervino ayer la planta de gas de la petrolera hispano argentina Repsol YPF en el campo Margarita, en el departamento boliviano de Tarija (sur), tras llevar a cabo una inspección y ante la sospecha de que los equipos destinados a esas instalaciones fueron introducidos al país de contrabando, motivo por el que ordenó que fueran requisados y puestos "bajo tutela" de la Aduana.

Tras conocer la noticia, la petrolera Andina, filial de Repsol YPF en Bolivia, emitió anoche un comunicado de prensa en el que reiteró que no tiene ninguna responsabilidad en el caso y confió en que sus alegaciones sean confirmadas por las instancias correspondientes, además de anunciar que pedirá la nulidad de esta acción judicial, al considerar que fue "ilegal".

Fuentes de la petrolera en España aseguraron a Europa Press que no son responsables del presunto contrabando de equipos, porque la compañía adquirió la maquinaria dentro de Bolivia a un consorcio local, sobre el que consideró que podría ser el responsable del presunto delito. No obstante, la empresa se ha puesto a disposición de la Aduana para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

Las empresas socias en el desarrollo del campo en Margarita, entre las que se encuentra Repsol YPF, compraron en Bolivia una planta bajo la modalidad de 'llave en mano' al consorcio local EBN --del que forman parte las empresas Ballyco, Bolinter y Amazonas-- responsable de la compra e importación de los equipos, además de su instalación y puesta en funcionamiento.

Al parecer, la Fiscalía de Santa Cruz procedió a la inspección de los equipos porque la empresa Ballyco habría incurrido en un retraso en los pagos aduaneros por la importación de partes de la planta, lo cual niega Repsol YPF alegando que correspondía al consorcio local, según informa la prensa local, recogida por Europa Press.

De hecho, las alegaciones presentadas por la petrolera presidida por Antonio Brufau han sido corroboradas por un funcionario de la Aduana, quien ratificó que en las tres inspecciones realizadas a la empresa no se comunicó esa irregularidad a los ejecutivos de su filial boliviana. Por su parte, Ballyco asegura que actualmente no tiene ninguna deuda con la Aduana.

Durante la audiencia celebrada ayer en el campo de Margarita, el fiscal de distrito de Santa Cruz, Jaime Soliz, explicó que el delito que se investiga no es por evasión de impuestos sino contrabando y que la tutela del representante de la Aduana se da para evitar la "sustracción o traslado" de los bienes en cuestión, que aún siguen en funcionamiento.

La Fiscalía busca que los responsables de la introducción de los equipos en el país paguen 8 millones de dólares, correspondientes al valor de los equipos. Sin embargo, Ballyco alega que ya se pagaron 1,2 millones de dólares por concepto de tributos, aunque el fiscal y la Aduana aseguran que lo hicieron de forma extemporánea. "Eso no vale, pues el delito ya se cometió", añadió el fiscal Soliz.