LA PAZ, 12 Abr. (Reuters/EP) -
Los sindicatos bolivianos realizaron el miércoles una huelga de 24 horas que tuvo en vilo a varias ciudades del país con masivas manifestaciones, como parte de su lucha anual por lograr mejoras salariales, la cual no tuvo grandes impactos en la exportación de gas ni en las operaciones del sector minero.
Más allá de la presión sindical, el Gobierno de Evo Morales y la Central Obrera Boliviana (COB) instalaron un diálogo en busca de un difícil acercamiento entre la propuesta oficial de subir los salarios entre siete y 15 por ciento, y la demanda laboral de multiplicar por diez el actual mínimo.
"Que no cante victoria el Gobierno, porque esto es sólo el principio de una dura batalla", advirtió el líder de la COB, Juan Carlos Trujillo, tras encabezar una marcha que paralizó por dos horas el centro de La Paz.
En la manifestación participaron médicos y funcionarios del sector de la salud --que desde el lunes realizan una huelga indefinida--, maestros y estudiantes universitarios, habituales protagonistas de protestas contra el Gobierno de Morales, cuyo principal soporte son los campesinos e indígenas.
En cambio, las vitales exportaciones de gas a Argentina y Brasil no sufrieron alteraciones y las operaciones en la minería estatal y privada fueron casi normales, según informaron las autoridades bolivianas.
"El Gobierno ratifica su criterio de que la huelga de la COB no tenía ninguna justificación, porque el diálogo apenas ha sido instalado, apenas ha habido un intercambio inicial de criterios", ha indicado el ministro de Trabajo, Daniel Santalla.
La autoridad, que había amenazado previamente con declarar ilegal a la protesta sindical, evitó hacer una evaluación del impacto de la medida de presión.
El Gobierno ha ofrecido un aumento salarial global del 7,0 por ciento para el sector público, que compensaría la inflación minorista de 6,9 por ciento acumulada en 2011, y un incremento de 15 por ciento del salario mínimo, para ubicarlo en el equivalente de 137 dólares mensuales (104 euros).
La COB no planteó un incremento porcentual fijo sino una política salarial que permita a una familia de cinco miembros cubrir una "canasta" de gastos de unos 1.200 dólares mensuales (911 euros). El diálogo es sólo entre el Gobierno y los sindicatos porque la COB vetó la participación de los empresarios, como pretendían las autoridades.