RIO DE JANEIRO, 4 Abr. (Reuters/EP) -
Jueces brasileños ordenaron una acusación penal contra la petrolera estadounidense Chevron y 11 empleados por un derrame en el campo Frade, al noreste de Río de Janeiro (Brasil) que vertió cerca de 4.600 barriles de petróleo en el océano en noviembre de 2011.
Un penal de apelaciones tomó la decisión en octubre de 2013, pero no la divulgó mientras los jueces examinaban los cuestionamientos de Chevron a su decisión, declaró este miércoles la oficina del fiscal público de Brasil, que se oponía al sobreseimiento.
El caso probablemente revivirá la preocupación por la velocidad y la seguridad de las resoluciones judiciales brasileñas. La oficina del mismo fiscal que elaboró un acuerdo para ayudar a que se retiraran los cargos ahora está trabajando para volver a abrir la parte penal del caso.
"Los fiscales están tratando de demostrar que los argumentos de los demandados de que no existen pruebas de un delito ambiental están equivocados", dijeron los fiscales en un comunicado, quienes destacan que su evidencia demuestra que los acusados son responsables de contaminación del medio ambiente.
Esas instancias de contaminación incluyen el vertido de residuos, la extracción no autorizada de recursos minerales, operaciones irregulares con el potencial de contaminar, daños a bienes públicos y otros delitos, según informaron los fiscales en su declaración.
Chevron "sigue creyendo que la denuncia carece de fundamento", dijo la compañía en un correo electrónico, y agregó que tiene la intención de luchar contra la decisión.
Los fiscales no están tratando de restablecer los cargos contra los empleados de la contratista de perforación de Chevron Transocean Ltd, que fueron nombrados en la acusación original.
Desde el principio Chevron ha dicho que asumía toda la responsabilidad por el accidente. Los acusados enfrentan hasta tres décadas en la cárcel si son declarados culpables.
Ese tribunal desestimó el caso en enero del 2013 poco después de que Chevron acordó acciones correctivas equivalente a unos 150 millones de dólares y firmó un acuerdo de ajuste de conducta con los fiscales y la agencia ambiental de Brasil.