BRASILIA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil ha suspendido cautelarmente la nueva ley de reparto de las regalías del petróleo, que beneficia a los estados que no producen crudo y perjudica a los productores, que han criticado la nueva medida refrendada la semana pasada por la presidenta, Dilma Rousseff.
La juez Carmen Lucia del STF ha suspendido por ahora la ley a la espera de que se resuelva la Acción Directa de Inconstitucionalidad presentada por el Gobierno del estado de Río de Janeiro, uno de los afectados, contra la misma, informa 'O Globo'. Todavía no se ha fijado la fecha para resolver el recurso de inconstitucionalidad, mientras que la suspensión debería ser refrendada hoy mismo por el pleno del STF.
"Esta decisión para el juego hasta una decisión final del Supremo" sobre el recurso de inconstitucionalidad, ha explicado el abogado Luis Roberto Barroso, procurador de Río y no de los promotores del mencionado recurso.
La decisión de la juez Lucia supone en la práctica, que se mantiene el reparto de las regalías como se había venido realizando hasta ahora. Según la magistrada, ha tomado la decisión para garantizar los derechos de los ciudadanos de los estados y los municipios que se verían afectados por los cambios.
Asimismo, ha considerado plausibles los argumentos formulados por el estado de Río, cuyo gobernador, Sergio Cabral (PMDB), ha advertido de que podría perder de forma inmediata 1.600 millones de reales (unos 622,67 millones euros) y hasta 27.000 millones (10.506 millones de euros) hasta 2020.
El Congreso brasileño sacó adelante la nueva ley, que prevé el reparto de los beneficios por la explotación de petróleo en el país entre todos los estados, pese al veto que la presidenta Rousseff impuso. Finalmente, tras agotar todos los recursos posibles para aplazar su aplicación, la presidenta se vio obligada a promulgar la nueva norma.
El gobernador Cabral ha celebrado la decisión de la jueza, subrayando que "rescata el valor más importante de la Constitución de 1988: su profundo compromiso con el estado democrático de derecho".
La decisión también ha sido festejada por el gobernador de Espíritu Santo (otro de los estados más castigados), Renato Casagrande, quien ha dicho sentirse "aliviado" y más esperanzado en que finalmente el Supremo dé la razón a los estados productores.
"El Supremo empieza a colocar los hechos en su debido lugar y apunta en la dirección correcta, algo que el Congreso no tuvo la humildad de valorar. La decisión alimenta nuestra esperanza y nos da una expectativa muy fuerte", ha señalado.