Actualizado 22/09/2015 11:34

Cargos criminales contra General Motors por ocultar un defecto mortal

   NUEVA YORK, 22 Sep. (Notimérica) -

   La Administración de Estados Unidos presentará cargos criminales contra la compañía General Motors, con sede en Detroit (Michigan), por ocultar un defecto de seguridad potencialmente mortal y "engañar" a los consumidores sobre la seguridad de algunos de los coches que produce, tales como Chevrolet, Pontiac, o Saturno.

   El defecto consiste en el interruptor de encendido que fue diseñado y fabricado con la resistencia demasiado baja y puede pasar fácilmente de la posición 'run' a 'off', causando el apagado del motor de los vehículos mientras circulaban, y provocando que los airbag no funcionen.

   Cuando el interruptor cambia de modo, puede desactivar las bolsas de aire frontal del vehículo afectado, lo que según las autoridades, aumenta el riesgo de muerte y lesiones graves en ciertos tipos de accidentes.

   Hasta la fecha, GM ha reconocido un total de 15 muertes, así como un número de lesiones graves, causadas por el interruptor defectuoso, según ha informado el FBI, que ha intervenido en la investigación junto con la Oficina del Inspector General Especial para el Programa de Alivio de Activos en Problemas (SIGTARP); la Oficina del Inspector General del Departamento de Transportes de Estados Unidos (DOT-OIG); y la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

    "Durante casi dos años, GM no dio a conocer un defecto de seguridad mortal". "Al hacer esto, GM puso a sus clientes y al público en un grave riesgo. La justicia requiere la presentación de cargos criminales, una sanción económica significativa, y el nombramiento de un monitor federal. Estas medidas están diseñadas para asegurarse de que esto no vuelva a suceder", dijo el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara.

    El Inspector General del Departamento de Transporte de Estados Unidos, ofreció sus disculpas a los familiares de los fallecidos a causa del defecto ocultado por GM, mientras que Christy Goldsmith Romero, de la SIGTARP, destacó que "la peor parte de esta tragedia es que era totalmente evitable" ya que General Motors "podría haber reducido significativamente el riesgo de este defecto mortal" mejorando el diseño del interruptor de encendido por menos de un dólar por vehículo "pero GM optó por no hacerlo debido al costo", dijo.

   Según los investigadores, la empresa automovilística conocía el defecto desde el año 2012, pero no fue hasta casi dos años después (febrero de 2014) que notificó a la NHTSA y al público, la conexión que había identificado entre el interruptor defectuoso y la no apertura de airbags en algunos accidentes.

   Ese mes, GM retiró del mercado aproximadamente 700.000 vehículos afectados por el interruptor defectuoso, mientras un mes más tarde había crecido a más de 2 millones de vehículos.

   ACUERDO CON LA FISCALÍA.

   El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, anunció un acuerdo de la Fiscalía con GM, en virtud del cual la compañía admite que no dio a conocer un defecto de seguridad a la NHTSA y que engañó a los consumidores acerca de dicho defecto. El acuerdo también requiere que General Motors transfiera al estado 900 millones de dólares, que deberá haber transferido el 24 de este mes de septiembre.

   En virtud de este acuerdo, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Manhattan (Nueva York), recomendará a la Corte un aplazamiento del juicio penal por un período de tres años, con la premisa de que GM cumpla con todas las obligaciones del acuerdo para el enjuciamento diferido.

   "NUNCA DEBIÓ OCURRIR".

   La empresa ha reconocido que los errores que llevaron a fabricar un interruptor de encendido defectuoso "nunca debieron ocurrir" si bien recalcó que GM se ha enfrentado a sus problemas "con una clara determinación de hacer lo correcto", en una respuesta "sin precedentes en cuanto a la sinceridad, la cooperación, y la transparencia", dijo la CEO de GM Maríaa Barra.

   A su vez, el presidente de GM, Theodore M. Solso, dijo que el Consejo de Administración de General Motors actuó de forma "rápida" para investigar el problema y destacó que ha apoyado "plenamente" los esfuerzos de la administración para recuperar la confianza de los clientes y los reguladores, y para resolver la investigación del Departamento de Justicia.