BOGOTA (Reuters/EP) - El director de la polémica central de inteligencia de Colombia dijo el lunes que recientes escuchas telefónicas divulgadas por una revista no fueron realizadas en ese organismo de seguridad, mientras el Gobierno insistió en la existencia de un complot para desacreditarlo.
Una revista denunció a fines de agosto que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) siguió interceptando ilegalmente conversaciones telefónicas, incluyendo las de congresistas, a fin de establecer sus posturas sobre un referendo de reelección presidencial.
La revista Semana publicó en su página en internet el contenido de las grabaciones, que también incluían a un magistrado que investiga nexos de congresistas con paramilitares de ultraderecha.
"Las grabaciones de la revista Semana no se realizaron desde las salas fijas del DAS, en virtud a que, técnicamente, los formatos de grabación dados a conocer por la revista, no corresponden a los de las salas del DAS", dijo el director de ese organismo, Felipe Muñoz.
"Estas grabaciones tampoco se realizaron desde equipos móviles de monitoreo del DAS", precisó el funcionario en una conferencia de prensa, luego de dar a conocer un estudio técnico y denunciar la existencia de un mercado negro de escuchas telefónicas.
El escándalo provocó que el Gobierno del presidente Alvaro Uribe eliminara la facultad a su central de inteligencia para realizar interceptaciones de comunicaciones.
El estudio técnico en el que participó un experto internacional se concentró en las recientes grabaciones, pero no en las conocidas en febrero, que pusieron al descubierto escuchas ilegales a magistrados, jueces, periodistas y funcionarios del Gobierno.
GOBIERNO CITA COMPLOT
Las denuncias de escuchas ilegales realizadas por el DAS llevaron a uno de los principales escándalos que ha enfrentado Uribe, quien de todas formas mantiene una popularidad del 70 por ciento y un apoyo mayoritario ante una eventual candidatura para buscar su segunda reelección en el 2010.
El Departamento de Estado estadounidense expresó recientemente su preocupación por las escuchas telefónicas y las ejecuciones extrajudiciales de civiles por efectivos del Ejército, pese a que reconoció progresos de Colombia en derechos humanos y respaldó la ayuda militar de Washington.
El Gobierno colombiano anunció la semana pasada que eliminará su polémica central de inteligencia y la remplazará por una más pequeña y eficiente que se concentre en actividades de inteligencia y contrainteligencia.
Por su parte el vicepresidente, Francisco Santos, dijo que existe un complot con las grabaciones para tratar de desprestigiar al Gobierno internacionalmente y minimizar su lucha contra el crimen organizado.
"Se está empezando a descubrir ese gran complot contra el presidente y el Gobierno de Colombia, contra nuestra fortaleza para combatir el narcotráfico y contra nuestra honra", aseguró Santos.