SANTIAGO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín, anunció este martes que el Gobierno anunciará un leve reajuste del presupuesto para 2010 para financiar la reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto del pasado 27 de febrero.
"Estamos haciendo un esfuerzo en el sector público, mirando el presupuesto y haciendo ahorros en el presupuesto fiscal y vamos a anunciar dentro de poco cuál va a ser el ajuste presupuestario", dijo Larraín.
Interrogado acerca de la posibilidad de recurrir a la subida de impuestos para aumentar el flujo de ingresos de la administración y destinarlo a las tareas de reconstrucción, el titular de Hacienda dijo que no descartaba una revisión de los tipos impositivos aunque no quiso especificar si será al alza o a la baja.
"También estamos viendo las distintas opciones de financiamiento y una alternativa que no se ha descartado es el tema tributario", señaló Larraín acerca de esta cuestión en una conversación con periodistas.
El ministro se reunió con cinco de los mayores grupos empresariales del país con el fin de recabar su apoyo para la reconstrucción de Chile, especialmente del centro y del sur, cuyo coste de recuperación se estima en 30.000 millones de dólares (21.831 millones de euros).
EDIFICIOS DERRUIDOS
La Intendencia Metropolitana actualizó este martes el número de viviendas afectadas total o parcialmente por el terremoto que sacudió las regiones del centro y del sur del país y lo cifró en más de 30.000 inmuebles, de los cuales 5.000 están destruidos y otros tantos presentan graves daños estructurales.
En lo que se refiere a edificaciones públicas, cerca del 21 por ciento de los centros educativos han sido calificados como "inutilizables", lo que afecta a un total de 181 colegios de la capital. Además, 30 tribunales y otras construcciones municipales están afectados, mientras que el Hospital Félix Bulnes y el servicio sanitario de San José han tenido que cerrarse.
En este contexto, el intendente Fernando Echevarría firmó un convenio de colaboración con la Cámara Chilena de la Construcción que permitirá que 30 profesionales evalúen las viviendas dañadas para verificar si son habitables.
No obstante, el funcionario recordó que, pese a la voluntad de colaboración de empresas y administraciones, la responsabilidad de demoler los inmuebles dañados corresponde a sus propietarios.