BOGOTA (Reuters/EP) - Colombia espera cerrar este fin de semana un acuerdo militar con Estados Unidos, que permitirá a soldados del país norteamericano usar bases en la nación andina para operaciones antidrogas y el cual ha sido foco de controversia entre varios países de Sudamérica.
El comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, informó el miércoles que funcionarios de los ministerios de Defensa, del Interior y Justicia, así como de la cancillería viajaron a Washington para finiquitar los detalles y dejar el acuerdo listo para la firma de los respectivos gobiernos.
"Las personas (que viajaron) tienen la autoridad por parte del Gobierno para llegar a un acuerdo", dijo Padilla a Reuters.
"Esperamos, confiando en Dios, que puedan llegar a un acuerdo final, de tal suerte que el siguiente paso es aquellos aspectos administrativos que deben realizarse en Estados Unidos por parte del Gobierno estadounidense y en Colombia por parte de nuestro Gobierno", agregó.
El anuncio del acuerdo provocó una oleada de críticas e incertidumbre por parte de varios países de la región, como Venezuela, que congeló relaciones diplomáticas y comerciales con el Gobierno del presidente Alvaro Uribe, al considerar que es una amenaza para la soberanía del país petrolero.
Padilla visitó con congresistas colombianos la base aérea de Palanquero, una de las siete que podrá ser utilizada por Estados Unidos para las operaciones antidrogas.
La tormenta desatada en torno al convenio llevó a los miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) a convocar a una reunión extraordinaria de mandatarios en una fecha que aún no ha sido definida para debatir el tema.
Colombia, el principal aliado de Estados Unidos en la región, ha reiterado que el uso de las bases por parte de fuerzas estadounidenses se realizará bajo la coordinación de las autoridades locales.
Con el plan, Estados Unidos busca relocalizar operativos antidrogas y antiguerrilla que hacía desde la base ecuatoriana de Manta, que utilizó por una década hasta julio pasado, cuando el presidente Rafael Correa decidió no extender el acuerdo.