MEXICO DF, 9 dic, 9 Dic. (Reuters/EP) -
- Tres comisiones de senadores mexicanos votarían el lunes en lo general un proyecto de reforma energética que facilitaría la inversión privada en la reservada industria de los hidrocarburos, en lo que sería la mayor apertura en décadas del estratégico sector.
Los comités debatieron el domingo por más de 11 horas el proyecto de dictamen que fue elaborado por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el conservador Partido Acción Nacional (PAN) y que ha sido rechazado duramente por la izquierda, que lo considera privatizador.
Las comisiones declararon un receso el domingo y convocaron a los senadores a reunirse este lunes a las 11.00 hora local para continuar la discusión del proyecto.
El proyecto, que fue presentado el sábado, asegura mantener la propiedad de los hidrocarburos en manos del Estado y plantea varios tipos de contratos para permitir la exploración de petróleo y gas a empresas privadas, las cuales podrían asociarse con la gigante estatal Pemex.
El peso mexicano y la bolsa de valores reaccionaron con optimismo en las primeras horas del lunes ante los avances hacia una aprobación de la iniciativa, que contiene cambios a tres artículos de la Constitución.
El Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto considera que la iniciativa es clave para apuntalar la estancada producción de hidrocarburos y dar un nuevo impulso a la segunda economía de América Latina, décima productora mundial de crudo.
México lucha desesperadamente por levantar una producción de crudo que se ha estabilizado en alrededor de 2.5 millones de barriles por día (bpd) frente al tope de 3.4 millones de bpd en el 2004, desde donde empezó a declinar.
El plan propone modalidades que van desde contratos de servicios, de utilidad o producción compartida o de licencias, para llevar a cabo, por cuenta de la nación, exploración y extracción de crudo e hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, incluyendo las que puedan realizar las empresas productivas del Estado con particulares.
El proyecto prevé que las empresas que participen en el sector a que reporten para efectos contables y financieros la asignación o contrato y beneficios esperados, siempre y cuando se afirme que los hidrocarburos son propiedad de la nación.
Por otra parte, propone como contraprestación por parte del Estado el pago en efectivo, para contratos de servicio; un porcentaje de la utilidad, para los de utilidad compartida; un porcentaje de la producción obtenida, para los de producción compartida; así como la transmisión de hidrocarburos una vez extraídos del subsuelo, para las licencias.
La iniciativa pulida entre el PAN y PRI es más ambiciosa que la que planteó originalmente el presidente, que sólo consideraba contratos de utilidad compartida, lo que según expertos no era suficientemente atractivo para las firmas privadas extranjeras.
En el proyecto también se prevé la creación del llamado Fondo Mexicano del Petróleo para manejar la renta petrolera, que sería un fideicomiso en el banco central (Banxico) y elimina la política de subsidios generalizados a energéticos para sustituirlos por subsidios focalizados.
Respecto al sector eléctrico, el predictamen propone que respecto a la transmisión y distribución de energía no se otorguen concesiones, pero que el Estado podría celebrar contratos con particulares en las demás actividades de esa industria.