MEXICO DF (Reuters/EP) - La Suprema Corte de México ordenó el miércoles la liberación de 20 personas que están cumpliendo condena en prisión por una matanza de indígenas en el estado de Chiapas hace casi 12 años, en un sonado caso emblemático de fallas en el sistema judicial del país.
Acusados y activistas denunciaron un cúmulo de irregularidades en las investigaciones del asesinato a tiros y machetazos de 45 indígenas tzotziles, la mayoría de ellos mujeres y niños, mientras rezaban en el paraje de Acteal del municipio de Chenalhó en diciembre de 1997.
Cuatro de los cinco ministros de la primera sala de la Corte aprobaron la inmediata liberación de los sentenciados -todos también indígenas- quienes llevan más de 10 años en prisión, bajo el argumento de que a los acusados no se les dio un proceso judicial justo.
"Acteal es una buena oportunidad para que la Corte reitere un claro mensaje a las autoridades encargadas de perseguir y castigar los delitos. Sus acciones deben respetar escrupulosamente y siempre el régimen Constitucional y por consiguiente los derechos humamos", dijo el ministro Juan Silva Meza.
Una fuente de la Corte dijo que la liberación de los presos en un penal de Chiapas podría tardar horas o días.
Los magistrados revisaron los amparos presentados por 57 sentenciados a entre 20 y 40 años de prisión, muchos de los cuales no hablaban español y fueron juzgados sin traductores.
Activistas han dicho que en el proceso judicial los fiscales presentaron pruebas falsas y se inventaron declaraciones de testigos. Hay más de 80 personas en prisión por el caso.
No obstante, familiares y amigos de las víctimas temen que tras la liberación pueda haber represalias contra ellos, y algunas organizaciones de derechos humanos dijeron que entre los liberados podrían estar los orquestadores de la masacre.
La agrupación de organizaciones civiles Red por la Paz dijo que la resolución de la Corte consideró las irregularidades del proceso y no la presunta culpabilidad de los acusados.
"Con una resolución que pusiera en libertad a quienes han sido claramente identificados y señalados por las víctimas como los asesinos materiales de esta masacre (...) se estará poniendo en alto riesgo la paz pública y social", dijo la agrupación en un comunicado esta semana.
Según activistas y organismos de derechos humanos, el caso Acteal es uno de los más claros de la ineficiencia e impunidad del sistema de justicia en México, que el actual Gobierno trata de cambiar y hacer más transparente con una reforma aprobada por el Congreso que introducirá paulatinamente los juicios orales, entre otras medidas.
Según algunas versiones, los indígenas fueron asesinados por grupos paramilitares debido a que eran simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se había alzado en armas en Chiapas contra el Gobierno en 1994.