BUENOS AIRES (Reuters/EP) - La Cámara de Diputados de Argentina dio el jueves media sanción a una prórroga de facultades otorgadas al Poder Ejecutivo para fijar tributos, entre ellos los polémicos impuestos a la exportación de granos, que son clave para sostener la recaudación fiscal.
El oficialismo, en su primera prueba en el Congreso tras la derrota que sufrió en las elecciones legislativas de junio, necesitó una ardua negociación con los diputados de otros partidos para extender un año esas facultades, que vencen el 24 de agosto.
La decisión pasó ahora al Senado, que debe refrendar la medida para que quede firme.
"No vamos a dejar a nuestro Gobierno sin superávit primario fiscal", argumentó Agustín Rossi, titular del bloque de diputados oficialistas, al defender la prórroga.
Tras cerca de nueve horas de debate, el resultado de la votación, realizada en la madrugada del jueves, arrojó 136 votos a favor, 100 en contra y 7 abstenciones.
La votación era clave para el Gobierno, que desde el 2008 sostiene una prolongada disputa con el sector agropecuario por el impuesto a las exportaciones de granos.
En una acalorada sesión, los gritos y las manifestaciones del público que asistió al debate interrumpieron las exposiciones en varias oportunidades.
"Vamos a pelear por fortalecer la política, para que sea la política de cambio", sostuvo Rossi en medio del griterío del público asistente.
Los dirigentes agropecuarios criticaron de inmediato la decisión legislativa.
Las autoridades "tuvieron todas las facultades y (...) llevaron al país a la crisis", dijo al canal de televisión TN Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria Argentina, una de las cuatro asociaciones rurales enfrentadas con el Gobierno.
Las facultades delegadas al Poder Ejecutivo sobre centenares de leyes han sido una constante en los gobiernos de las últimas décadas, aunque muchos expertos consideran que no es constitucional que el Congreso ceda parte de sus atribuciones.
Si el proyecto aprobado en Diputados cumple el mismo trámite en el Senado, la administración de la presidenta Cristina Fernández podrá seguir contando con ingresos por más de 8.000 millones de dólares anuales.
Argentina es uno de los mayores productores de soja, trigo y maíz del mundo, y muchos opositores políticos respaldan la petición de los agricultores de reducir los tributos a la exportación -llamados 'retenciones'- y limitar las facultades de la presidenta sobre los impuestos.
El año pasado, los agricultores, que consideran que las retenciones desincentivan la producción, realizaron una extensa protesta contra un intento de subir el impuesto, con huelgas comerciales y cortes de carreteras que pusieron en jaque al Gobierno.
El alza impositiva fue finalmente desechada, pero la relación entre la presidenta Fernández y los dirigentes rurales quedó resquebrajada desde entonces.
Ahora, los productores no descartan nuevas protestas.
"Es el último escenario, pero es un escenario que nunca descartamos, el de la protesta", aseguró el presidente de la Federación Agraria.
Los tributos a la exportación llegan a un 35 por ciento en el caso de la soja, el cultivo predominante en el país. El Gobierno defiende ese nivel de tributación mientras sufre una caída en sus ingresos por una desaceleración de la economía.