Por Teresa Céspedes
LIMA (Reuters/EP) - La minera Doe Run Perú, un importante exportador de metales, dijo el lunes que se declaró en un proceso de reestructuración a fin de buscar una solución a una crisis financiera que la llevó al borde de la quiebra.
Juan Carlos Huyhua, gerente general de Doe Run Perú, explicó en una conferencia de prensa que la compañía le pidió al Indecopi, el ente que resuelve procesos de insolvencia de empresas, que se involucre en la reestructuración.
"Es una solución viable que se da por fuerza mayor, para proteger los compromisos con los trabajadores y no se congelen las cuentas para pagar sueldos y otras cosas", agregó.
"Los acreedores y los trabajadores con acreencia podrían solicitar la administración, pero eso lo va definir Indecopi", precisó Huyhua.
El ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, afirmó por su parte que Doe Run, del estadounidense Grupo Renco que opera la mayor fundición y refinería de metales del país, concurrió al Indecopi para resolver su situación a "nivel concursal" y que el tema de la insolvencia lo evaluará y definirá ese ente.
De otro lado, la empresa pidió nuevamente al Gobierno una ampliación del plazo de un plan ambiental (PAMA) -que vence en octubre- por 30 meses, pero el ministro dijo que deberán esperar primero por la resolución del Indecopi para decidir al respecto.
Sin embargo, el proceso en Indecopi podría tardar varios meses.
Las negociaciones entre el Gobierno y la firma estaban entrampadas porque la empresa presentó en varias ocasiones un plan de rescate catalogado como "poco serio" por autoridades.
Además de la ampliación del PAMA, Doe Run Perú planteó a fines de junio una inyección de 31 millones de dólares de capital fresco por parte del accionista mayoritario.
Pero el Gobierno había afirmado que le podría dar una razonable extensión del PAMA si la empresa inyectaba por lo menos 100 millones de dólares de capital fresco, entregaba el 100 por ciento de sus acciones al Estado como garantía y llegaba a un acuerdo con los acreedores.
Asimismo, los trabajadores de Doe Run dieron una tregua al Gobierno y a la empresa de 20 días, a partir del pasado lunes, para que ambas partes lleguen a un acuerdo antes de iniciar protestas y bloqueos de carreteras en demanda de una solución a la crisis de la compañía, que ha paralizado sus operaciones.
La firma debe 110 millones de dólares a proveedores mineros y tiene inversiones pendientes con el Estado por 150 millones de dólares para un plan ambiental en La Oroya, donde se ubica el complejo, considerada una de las ciudades más contaminadas del mundo.
La crisis de Doe Run empezó en febrero luego de que bancos le cortaron un crédito vital para sus operaciones, en momentos en que la crisis financiera mundial hundió los precios de los metales.
Perú es uno mayores productores mundiales de metales y tiene a la minería como uno de los motores de su economía.