WASHINGTON (Reuters/EP) - Informes de ejecuciones extrajudiciales y escuchas telefónicas en Colombia son un problema, pero el país progresó enormemente en derechos humanos para recibir el remanente de la ayuda militar de Estados Unidos del 2009, anunció el viernes el Departamento de Estado.
Colombia, el mayor exportador de cocaína del mundo, ha recibido más de 6.000 millones de dólares en ayuda mayormente militar y antinarcóticos de Washington desde el 2000.
El dinero se envía para ayudar a Colombia a luchar contra los traficantes de drogas y la guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que mantienen la más antigua insurgencia en América Latina.
Bajo la ley estadounidense, una parte de la ayuda es retenida cada año hasta que el Departamento de Estado certifica al Congreso que Colombia cumple los requerimientos de considerar el respeto a los derechos humanos.
Los legisladores estadounidenses condicionaron la ayuda debido a las preocupaciones sobre el incremento en la actividad paramilitar de derecha y las ejecuciones extrajudiciales bajo el Gobierno del presidente colombiano Alvaro Uribe, quien lidera una ofensiva contra la guerrilla que existe desde hace décadas en el país.
"No hay dudas de que se debe mejorar en ciertas áreas", dijo el portavoz del Departamento de Estado Ian Kelly en un comunicado.
"De todas formas, el Gobierno colombiano ha hecho significativos esfuerzos para incrementar la seguridad de su pueblo y promover el respeto de los derechos humanos en sus Fuerzas Armadas y ha cumplido los criterios de certificación", agregó.
El comunicado no señaló cuántos fondos adicionales serán enviados a Colombia.
Kelly expresó preocupación sobre las ejecuciones extrajudiciales de hombres y niños del pobre suburbio de Bogotá de Soacha. Diecinueve jóvenes del sector fueron asesinados por soldados que trataron de hacer pasar a las víctimas como integrantes de grupos armados ilegales muertos en combates.
Una investigación encontró que los soldados trataban de inflar el conteo de cuerpos para ganar promociones y bonos prometidos por funcionarios que trataban de aplacar la insurgencia.
Kelly señaló que las Fuerzas Armadas y el Fiscal General de Colombia actuaron de inmediato, despidiendo a 45 miembros del servicio e investigando a 75 soldados.
"Igualmente, el caso de Soacha no es un incidente aislado y acciones adicionales requerirán un firme liderazgo de las Fuerzas Armadas para resolver y eliminar los abusos", afirmó Kelly.
También expresó la preocupación de Estados Unidos sobre las acusaciones de escuchas telefónicas y vigilancia del Departamento Administrativo de Seguridad, calificándolas de "problemáticas e inaceptables".