GUATEMALA, 9 Dic. (Notimérica) -
El movimiento empresarial organizado de Guatemala anunció este lunes que impugnará por la vía legal el presupuesto del país 2015 aprobado por los legisladores, que asciende a unos nueve mil millones de dólares, ya que consideran que "afecta al clima de negocios y pone en riesgo la estabilidad macroeconómica" del país.
Las agrupaciones empresariales se unieron para impugnar el plan de gastos del próximo año, mientras que los socios de la Cámara de Comercio, una de las más grandes del país, estudian un paro.
Según la Cámara del Agro, el presupuesto, que entrará próximamente en vigor, incurre en "ilegalidades", carece de los "requisitos mínimos" de la técnica jurídica legislativa; adolece de falta de transparencia, y supone un "desmedido incremento de la deuda", que ya representa el 25,6% del PIB.
El presidente de la Cámara del Agro, Santiago Molina, dijo en rueda de prensa que el presupuesto autorizado contiene artículos que "podrían poner en riesgo la estabilidad macroeconómica y representa un incremento desmedido de la deuda pública".
El nuevo presupuesto incluye un monto de 1.948 millones de dólares destinado a funcionamiento y pago del servicio de la deuda, así como nuevas cargas impositivas a las telecomunicaciones, el cemento y la industria minera.
La Gremial de Telecomunicaciones, en las que se agrupan las transnacionales telefónicas que operan en el país, devolvió a la Superintendencia de Telecomunicaciones más de seis millones de líneas telefónicas, aún sin habilitar.
NO QUIEREN PAGAR IMPUESTOS
El presidente Otto Pérez Molina negó que esa devolución afecte el plan de gastos, pues el impuesto que se aplicará al uso de la telefonía se calculó sobre 27 millones de líneas que están activas.
Sostuvo que los empresarios se resisten a pagar impuestos. "La gente con más dinero es la primera que busca impugnar" legalmente, para evadir su responsabilidad de cumplir con el pago de tributos.
El líder de la Cámara de Comercio, Jorge Briz, denunció que el gobierno "ha manejado presupuestos sobredimensionados y sin resultados. Tienen que poner un orden y gastar bien".
Destacó que los socios de la entidad que preside evalúan la situación y no descartó la posibilidad de decidir a principios del próximo año un paro de labores contra la vigencia del presupuesto 2015.
La Cámara de la Construcción también se opone a las medidas resueltas por el gobierno y rechazó el nuevo impuesto para el cemento.
Los empresarios y la oposición política rechazan además la decisión de devolver a organizaciones no gubernamentales la facultad para ejecutar obra pública.
Esta práctica, que había sido suprimida años atrás debido a que era usada con fines electorales y generaba corrupción, se retomó en la ley de presupuesto 2015 aprobada el pasado 28 de noviembre y que ascendió a unos nueve mil millones de dólares.