Publicado 03/12/2014 12:26

Empresarios mineros de Guatemala planean acciones contra alza de regalías

Minería Guatemala
WIKIPEDIA

CIUDAD DE GUATEMALA, 3 Dic. (Reuters/Notimérica) -

Empresarios del sector minero de Guatemala rechazaron el martes un alza en las regalías del sector de 1 a 10 por ciento aprobada recientemente y afirmaron que planean acciones conjuntas para frenar esta nueva ley.

La semana pasada, el Congreso de Guatemala modificó una vieja ley minera para elevar el sistema de regalías, algo que había sido rechazado en los años previos. El presidente Otto Pérez Molina aún tiene que promulgarla.

Mario Orellana, presidente de la Gremial de Industrias Extractivas, dijo que el incremento en las regalías restará competitividad al sector porque el 10 por ciento sobre ventas netas es un porcentaje mucho mayor de lo que aplican otros países.

"No estábamos enterados, esto fue algo repentino y nunca sujeto a opinión por parte de la industria. Coordinaremos con el resto de la industria acciones en conjunto para presentar nuestra postura", dijo Orellana a Reuters.

La minera canadiense Tahoe Resources Inc expresó su desacuerdo con la medida, que llega en un momento en que los precios de los metales están en su mínimo en cuatro años.

"La compañía está activamente comprometida en las discusiones con el Gobierno guatemalteco, con los intereses de los empresarios y líderes de la comunidad acerca de las implicaciones de la legislación propuesta", dijo en un comunicado.

La también canadiense Goldcorp Inc, que opera la mayor mina de Guatemala, Marlin, no pudo ser contactada de inmediato para algún comentario.

En Guatemala, donde la minería representa el 0,6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en los últimos años la industria ha estado envuelta en controversia por el rechazo de comunidades a sus proyectos.

En el 2012, los legisladores trataron de cambiar las normas elevando las regalías, pero las propuestas se estancaron.

En 2013, después de una serie de conflictos entre empresas y comunidades, en su mayoría indígenas, Pérez propuso al Congreso imponer una moratoria de dos años para nuevas licencias, pero ésta fue rechazada.