24 de junio de 2006

España/Bolivia.- Repsol YPF rechaza la última acusación en Bolivia por supuesto cobro irregular de subvenciones

LA PAZ, 24 Jun. (EP/AP) -

La petrolera hispano-argentina Repsol YPF rechazó hoy y dijo no conocer la nueva denuncia realizada en su contra por una diputada oficialista de haber supuestamente recibido del Estado y de manera irregular 37 millones de dólares de un subsidio.

En un comunicado, la compañía afirmó que "no hará ningún comentario" porque "no conoce ninguna denuncia en su contra", horas después de que la congresista Milena Aracely Hinojosa presentara cargos ante la Fiscalía General de la Nación.

Un portavoz de la empresa con sede en la ciudad de Santa Cruz, en el oriente de Bolivia, dijo que hasta el momento Repsol YPF no ha sido notificada de ninguna demanda. La compañía señaló de "forma categórica que no ha incurrido en cobro ilegal alguno".

Según Hinojosa, que pertenece al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Repsol YPF cobró sin que le corresponda el subsidio que el Estado paga a las compañías para mantener congelados los precios de los hidrocarburos en el mercado interno.

El Estado destina más de 100 millones de dólares al año para subsidiar el precio de la gasolina, gas doméstico y diesel, entre otros.

Según la diputada, Repsol YPF obtuvo autorización para operar en ese comercio en 2002, cuando la ley otorga el beneficio solamente a firmas que operaban antes de 1999.

"La devolución de las notas de créditos fiscal (pago del Estado) beneficia a las plantas engarrafadoras que entraron en operaciones antes del año 2000 entre las que se encuentran las de la compañía (Repsol) cuyas operaciones están sustentadas en decretos supremos, así como en contratos firmados" con la estatal petrolera boliviana, según el comunicado.

La compañía hispano-argentina afronta otra acusación en su contra por supuesto contrabando de petróleo por un valor de 9,2 millones de dólares cuya denuncia fue presentada en marzo de este año.

Los nuevos cargos se presentan en momentos en que el gobierno se propone iniciar negociaciones para que las empresas que operan en Bolivia adecuen sus contratos al decreto de nacionalización de los hidrocarburos que se dictó el 1 de mayo pasado.