Alegan presuntas irregularidades en su relación durante la venta forzosa de la compañía en 2017
BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
Más de 1.000 empleados de TransPerfect a nivel global han enviado una carta al gobernador de Delaware (EE.UU.), John Carney, para que "inicie los trámites para investigar la relación" entre la Corte Suprema del Estado y el bufete Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.
La carta surge tras las presuntas irregularidades durante el proceso de venta forzosa de la empresa que en 2017 dictó el juez de la Corte Suprema de Delaware, André Bouchard, a raíz del litigio sobre la propiedad de TransPerfect, lamenta la multinacional en un comunicado.
El litigio y sus consecuencias económicas y laborales ya causó entonces inquietud entre los empleados del centenar de oficinas en todo el mundo, incluidos los de España, que --con sedes en Barcelona, Madrid y Palma-- es el segundo país donde la firma tiene más empleados, solo detrás de Estados Unidos.
Como ejemplos de estas críticas, alude a que la Cámara de Comercio de Estados Unidos, sondeos de opinión privados "e incluso el Departamento de Justicia de Estados Unidos han puesto de manifiesto la falta de diversidad, transparencia y neutralidad instaurada en el sistema judicial de Delaware".
CONSECUENCIAS LABORALES
Según la carta de los trabajadores, recogida en un comunicado de la plataforma ciudadana Citizens for a Pro-Business Delaware, las acciones de Robert Pincus y su socia del bufete Skadden, Jennifer Voss, al gestionar la venta forzosa perjudicaron a Transperfect y a los empleados.
La carta afirma que "la gestión realizada por Skadden al frente de la compañía ha comportado que por primera vez en la historia no vaya a haber subidas salariales en primavera" y que se deberán reducir horas a algunos trabajadores.
14 MILLONES DE DÓLARES EN FACTURAS
La misiva recuerda al gobernador del Estado que una de las polémicas del caso son las facturas expedidas desde el bufete Skadden por servicios en ese periodo y que han acabado costando a Transperfect 14 millones de dólares.
Fuentes cercanas al caso apuntan a que presuntamente Pincus siguió emitiendo facturas mensuales a razón de 1,475 dólares por hora, y TransPerfect considera que siguen sin aclararse las supuestas responsabilidades de Pincus en los dos años posteriores a la venta.
La Justicia mantiene selladas las facturas de estos trabajos, aduciendo que debían mantenerse en secreto para preservar la venta de la compañía, aunque dos años después siguen en secreto los registros, facturas y documentación del caso.