NUEVA YORK, 14 (Reuters/EP)
Aurelius Capital Management, uno de los principales acreedores "holdouts" que quieren acordar con Argentina pagos de deuda tras el incumplimiento de pago del país en el 2002, dijo el lunes que el Gobierno enfrentaría una nueva crisis el 30 de julio si no se involucraba en negociaciones reales.
Funcionarios argentinos y los inversores holdouts se reunieron por separado el viernes con un mediador judicial, pero salieron de su oficina tras cinco horas de discusiones sin una resolución o una nueva conversación programada.
Ambas partes han endurecido su retórica para explicar que están dispuestas a negociar pero que la otra parte no muestra disposición a hacerlo.
"Si no hay un acuerdo, la próxima crisis de deuda soberana de Argentina comenzará el 30 de julio. Aún hay tiempo para evitar ese resultado, pero sólo si el Gobierno argentino inicia conversaciones serias con nosotros inmediatamente", dijo Aurelius en un comunicado.
La firma dijo que junto con otros acreedores no reestructurados ofreció reunirse con el Gobierno en cualquier momento y en cualquier lugar, pero que su propuesta ha sido rechazada.
"Los funcionarios argentinos se rehúsan a reunirse con nosotros o incluso a negociar con nosotros indirectamente. Lamentablemente, este enfoque juega con los medios de vida y el futuro del pueblo argentino", agregó.
Los holdouts, liderados por los fondos Aurelius y Elliott Management Corp, ganaron un fallo a favor del juez Thomas Griesa por 1.330 millones de dólares más intereses acumulados en el 2012, sobre la base de la cláusula pari passu, o trato equitativo, que estaba en los bonos que se vendieron originalmente en 1994.
Sin un acuerdo, la tercera economía latinoamericana podría caer en un nuevo incumplimiento de pago de deuda justo cuando lucha contra una recesión, combinada con una de las tasas de inflación más altas del mundo y reservas internacionales en declive.
Funcionarios argentinos en Buenos Aires y de su embajada en Washington no estuvieron disponibles para realizar comentarios a Reuters.
Argentina sigue pidiendo una suspensión de la orden de Griesa para que el país pague a los holdouts mientras continúan las discusiones.
Eso daría a la nación más tiempo, más allá de un plazo del 30 de julio para pagar un cupón a los tenedores de bonos que sí aceptaron dos reestructuraciones de deuda previas, en 2005 y 2010.
Los funcionarios argentinos temen que un pago inmediato a los holdouts origine demandas de pagos similares por parte de los acreedores reestructurados, según lo permite una cláusula de sus bonos que vence al comienzo del próximo año.
Analistas han dicho que los funcionarios argentinos sí están dispuestos a pagar a los holdouts en línea con la orden de Griesa, pero sólo si en el tribunal se acuerda un desembolso para un momento en que el país esté a salvo de reclamos de los bonistas que entraron en los canjes de deuda.
"El viernes, el Ministerio de Economía de Argentina emitió otra declaración pidiendo que se suspenda la orden pari passu", dijo Aurelius. "Esto es extraño, porque la Corte de Distrito rechazó esa suspensión el mes pasado", agregó.
"Antes de eso, la orden había estado suspendida casi dos años y medio mientras Argentina la apelaba. Durante ese período, Argentina rechazó innumerables iniciativas para un arreglo, incluso por parte de la corte de apelaciones. Argentina demostró totalmente que no merece otra suspensión ahora", enfatizó.
El jefe de Gabinete argentino, Jorge Capitanich, no mencionó las negociaciones de la deuda en su conferencia de prensa regular del lunes por la mañana.
Buenos Aires dijo el viernes en un comunicado que estaba dispuesto a continuar las conversaciones pero no especificó si lo haría o cuándo.
También ha argumentado que Argentina está siendo empujada a un default por parte de los holdouts.
Buenos Aires considera que las obligaciones con "otros" acreedores no reestructurados podrían llegar a 15.000 millones de dólares, pero la agencia Moody's Investors dijo que los reclamos podrían ser la mitad, de unos 7.500 millones de dólares, si todos los acreedores bajo la ley de Nueva York se presentan.
La cifra podría empinarse a 12.000 millones de dólares, dijo Moody's, si todos los acreedores no reestructurados en dólares y euros piden que se les pague.
El bufete legal Bingham McCutchen dijo en un comunicado el domingo que está organizando lo que denomina un grupo "ad hoc" de otros acreedores no reestructurados y los invitó a unirse a sus esfuerzos para una posible negociación.