Por Nicolás Misculin
BUENOS AIRES (Reuters/EP) - El Gobierno argentino dijo el miércoles que está abierto a dialogar con productores rurales que entrarán en huelga esta semana, pero ratificó que no retrocederá en la anulación parcial de una ley que contemplaba beneficios al agro, y cuyo veto enfureció al sector.
La huelga comercial de una semana de los productores, prevista para comenzar el viernes, marca un nuevo capítulo de una agria disputa sobre la política para el sector que ha debilitado a la presidenta Cristina Fernández y a la economía de uno de los mayores exportadores mundiales de alimentos.
"Al paro yo no le encuentro asidero, con todo el respeto que me merecen (los agricultores). No se comprende con claridad cuál es el objetivo que se está siguiendo con un paro de estas características", dijo a periodistas el jefe de Gabinete de ministros, Aníbal Fernández.
La huelga, que afectará la comercialización de granos y podría perjudicar la operación de algunos pequeños exportadores, fue lanzada después que la presidenta vetó un beneficio fiscal para productores golpeados directamente por una feroz sequía.
La soja registraba subidas el miércoles en la mercado de Chicago, alentada por las persistentes compras chinas de la oleaginosa, por las alzas en los mercados físicos estadounidenses y por la huelga de productores agropecuarios de Argentina, dijeron operadores.
El beneficio, que eximía a productores de la provincia de Buenos Aires de pagar el impuesto a las exportaciones, había sido votado en el Congreso, incluso por legisladores oficialistas, pero el Gobierno dijo que fue aprobado por "error".
"Excluir algo que va a generar elusión o evasión, excluir algo que es discrecional respecto de otras provincias, excluir algo que desfinancia a nuestro sistema jubilatorio, yo creo que está fuera de todo cuestionamiento", dijo la ministra de Producción, Débora Giorgi, a una radio local.
La funcionaria contestó reclamos de dirigentes agropecuarios sobre el veto, asegurando que el Gobierno está dando soluciones a los reclamos del sector, como en el caso de la ley de Emergencia Agropecuaria votada por el Congreso, que otorga otros beneficios.
La tirante relación entre el agro y el Gobierno se había tensado más la semana pasada cuando el Congreso renovó la facultad del Poder Ejecutivo de fijar los impuestos a las exportaciones, pero el veto fue para los agricultores -que se quejan de las intervenciones del Estado en los mercados- la gota que rebalsó el vaso.
EXPORTACIONES
La medida de fuerza podría afectar parcialmente las exportaciones de granos de Argentina, uno de los principales proveedores de soja, maíz, trigo y carne del mundo. De todos modos, las procesadoras cuentan en su mayoría con reservas suficientes para cumplir los embarques programados.
"En el caso del exportador de granos, ahí puede tener algún problema, sobre todo si no tiene puerto propio. En esos casos podría haber algún impacto, tendrá que reprogramar el embarque", señaló a Reuters Alberto Rodríguez, director ejecutivo de CIARA-CEC, la cámara que agrupa a los procesadores y exportadores de granos.
"No percibo una situación crítica en la mayor parte del sector. Que alguna podría tener alguna parada, podría pasar, pero como sector una semana (de huelga) es superable. Si se prolonga más tiempo, entonces sí", añadió.
En un gesto conciliador, el ministro Férnandez dijo que "nunca voy a decir que se va a cortar el diálogo" con el sector agropecuario.
Sin embargo, los dirigentes rurales desconfían de los llamados del Gobierno, ya que las extensas conversaciones que mantuvieron con funcionarios desde el año pasado para solucionar los problemas del sector no rindieron ningún fruto.
En el 2008, los paros comerciales y cortes de ruta de los productores, que protestaban contra un alza impositiva a las exportaciones de soja, sumergieron al Gobierno en una crisis política y afectaron la marcha de la economía doméstica.
Las protestas también paralizaron las exportaciones de granos del país, repercutiendo en los principales mercados internacionales de materias primas.