LA PAZ (Reuters/EP) - El Gobierno izquierdista de Bolivia planteó el martes un nuevo juicio de responsabilidades contra magistrados de la Corte Suprema que podría paralizar al alto tribunal si es aceptado por la oficialista Cámara de Diputados.
El dedo acusador del Gobierno apunta ahora a tres magistrados que ordenaron un polémico cambio de tribunal en un sonado caso de terrorismo, sólo tres meses después de que el oficialismo lograra suspender al presidente de la Corte Suprema, Eddy Fernández, para juzgarlo por supuesta retardación de justicia.
La Corte quedaba así en riesgo de una parálisis que dejaría en suspenso procesos como un juicio de responsabilidades contra el ex presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada, impulsado por el actual mandatario, Evo Morales, por genocidio y delitos económicos, dijeron fuentes judiciales.
Los magistrados Beatriz Sandoval, Rosario Canedo y José Luis Baptista fueron acusados de prevaricato y violación de procedimientos por haber ordenado el traslado, de La Paz a Santa Cruz, de un proceso contra una supuesta banda terrorista acusada de intento de magnicidio contra Morales.
"El Gobierno optó por solicitar al Congreso un juicio de responsabilidades contra esos magistrados para impedir que el caso de terrorismo quede en la impunidad", dijo en conferencia de prensa el ministro de Defensa, Walker San Miguel.
San Miguel anunció la decisión junto con sus pares de Defensa Legal, Héctor Arce; de Gobierno, Alfredo Rada, y de Justicia, Celima Torrico, quienes firmaron también la demanda que será tramitada inicialmente por la Cámara de Diputados.
El mismo procedimiento siguió en mayo una demanda del Gobierno contra el presidente de la Corte Suprema, por supuesta retardación injustificada del juicio contra Sánchez de Lozada. Fernández, acusado y suspendido de sus funciones por la cámara baja, espera ser enjuiciado en el opositor Senado.
Si los diputados aceptan abrir el nuevo juicio, lo que implica suspensión inmediata de los acusados, la Corte Suprema quedaría con apenas tres jueces titulares.
"En esa situación la Corte estaría colapsada, impedida inclusive de convocar a conjueces para que continúen los juicios en curso", dijo telefónicamente a Reuters el portavoz del tribunal, Julio Pemintel.
Morales, quien buscará la reelección en diciembre y el control de las dos cámaras legislativas, ha sido acusado por la oposición de pretender paralizar a la justicia con fines supuestamente totalitarios.
Hace dos años, otro juicio iniciado por el Gobierno precipitó la renuncia de los miembros del Tribunal Constitucional.
Una nueva Constitución "plurinacional" y de línea socialista vigente desde febrero dispone que la futura Corte Suprema sea elegida por voto popular y ya no por el Congreso.