Por Gustavo Palencia
TEGUCIGALPA (Reuters/EP) - El Gobierno de facto de Honduras ha ignorado las presiones para restituir al depuesto presidente Manuel Zelaya y parece estar saliéndose con la suya, en medio de tibias medidas de Estados Unidos y temores de que el caso siente un precedente antidemocrático en Latinoamérica.
Casi dos meses después del golpe de Estado contra Zelaya, el Gobierno de facto que encabeza Roberto Micheletti desafió a una misión de la OEA que visitó esta semana Tegucigalpa y le dijo no tenía miedo a un embargo ni al hecho de que una mayoría de países no reconocerá las elecciones de noviembre.
La misión, integrada por los cancilleres de Argentina, Canadá, Costa Rica, Jamaica, México, Panamá y República Dominicana y el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, trató sin éxito de reflotar una propuesta del presidente costarricense Oscar Arias para restituir a Zelaya.
"Todavía existe un espacio posible para el acuerdo, si bien cada vez más estrecho", dijo Insulza el miércoles al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Pero, mientras tanto, con el beneplácito del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia y además las protestas de partidarios de Zelaya perdiendo fuerza, el Gobierno de facto se apresta a dar bandera de largada a los candidatos presidenciales para que inicien sus campañas el 1 de septiembre.
Micheletti e integrantes de estos órganos del Estado aseguran que no fue golpe haber sacado del país a Zelaya a punta de fusil, porque se hizo con una orden de arresto contra el mandatario por violar la Constitución al impulsar una consulta popular que abría paso a la reelección presidencial.
Tras el golpe, Estados Unidos tomó algunas medidas como suspender ayuda militar por 16,5 millones de dólares, cancelar unas pocas visas diplomáticas y reducir la emisión en general de visas en Tegucigalpa, pero no ha cancelado la mayor parte de la ayuda y mantiene a su embajador en Honduras.
"Es evidente que las medidas adoptadas hasta ahora por los organismos, países y los mismos Estados Unidos para restaurar a Zelaya en el poder son insuficientes", dijo a Reuters el analista Christian Lueth, jefe de la oficina de Foundation for Freedom para América Central.
"Si Estados Unidos no toma otras medidas más fuertes, seguramente el Gobierno de facto podrá estar en el poder hasta que traspase el poder a un nuevo gobernante", agregó.
Aunque miembros del Departamento de Estado recomendaron el jueves declarar abiertamente la destitución de Zelaya como un "golpe de Estado militar", lo que podría costar a Honduras hasta unos 150 millones de dólares que otorga actualmente Estados Unidos en ayuda a la empobrecida nación.
ANTECEDENTE PREOCUPANTE
Micheletti asegura que entregará el poder en enero al ganador de las elecciones de noviembre, que se dirimirá entre el candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo, y el del Partido Liberal de Zelaya, Elvin Santos.
Gran parte de los gobiernos latinoamericanos han dicho que no son válidas elecciones realizadas bajo una ruptura del orden democrático, mientras que la OEA señaló que no reconocerá al ganador en la medida que el país está suspendido del organismo.
Pero esto no parece hacer mella en el Gobierno de facto.
"Van a haber elecciones, las reconozcan o no las reconozcan los países del mundo", dijo Micheletti a la misión de la OEA.
Analistas coinciden en que este "éxito" del golpe es una amenaza para las democracias latinoamericanas, algunas de ellas endebles y acosadas por la crisis económica mundial.
Sin ir muy lejos, en la vecina Nicaragua, el presidente Daniel Ortega ha manifestado su intención de propiciar reformas para habilitar la reelección, algo que líderes de la derecha ven como un intento de emular al presidente venezolano, Hugo Chávez, y podría llevar inestabilidad al país.
"Si este golpe de Estado en Honduras no se revierte, serán justificadas las preocupaciones o temores frente a la posibilidad de nuevos episodios de este tipo en América Latina", dijo la analista hondureña Thelma Mejía.
"Los militares deben volver a los cuarteles y no estar sentados en la mesa del poder. Es peligroso un retroceso en toda la región", agregó.
El presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, advirtió que "de permitirse el mantenimiento de los golpistas en el poder, habrá consecuencias políticas y económicas en los demás países", y propuso suspender a Honduras del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Centroamérica y su país.
Para el analista Manuel Torres, lo que pasó en Honduras "es un examen para la administración (del presidente estadounidense Barack) Obama sobre sus relaciones con Latinoamérica y la factibilidad de cambios políticos en la región, sobre todo en Centroamérica, con gobernabilidad o ingobernabilidad".
Obama ha dicho que son hipócritas quienes le reclaman una mayor intervención en Honduras, cuando en el pasado se quejaban de la injerencia de Washington en Latinoamérica.