WASHINGTON (Reuters/EP) - El grupo defensor de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW) pidió el martes a la comunidad internacional, y a Estados Unidos en particular, imponer sanciones al Gobierno de facto de Honduras como vía de presión para reponer al depuesto presidente Manuel Zelaya.
Luego del informe difundido el viernes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que documentó violaciones cometidas en Honduras desde el golpe del 28 de junio, HRW urgió a ejercer una mayor presión sobre el Gobierno actual que preside Roberto Micheletti.
Una misión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) llegó el lunes a Tegucigalpa en un nuevo intento de buscar una salida negociada a la crisis hondureña.
"Si la misión de la OEA no logra esta semana persuadir al Gobierno de facto de Honduras de restituir a Zelaya en la presidencia, la única opción que queda es que la comunidad internacional aumente la presión", dijo José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas.
"El Gobierno de Estados Unidos, sobre todo, podría desempeñar un papel clave a través del uso de sanciones cuidadosamente dirigidas", agregó en una declaración.
HRW dijo que, a falta de una solución negociada, llegó la hora de imponer sanciones más fuertes, como negar el acceso a bancos estadounidenses para integrantes del Gobierno de facto.
Vivanco señaló que la CIDH documentó la muerte de cuatro personas, tres de ellas con disparos a la cabeza, en protestas contra el derrocamiento de Zelaya.
El informe criticó la detención arbitraria de entre 3.500 y 4.000 personas por parte de militares y la policía para "silenciar y obstruir las expresiones de protesta".
El presidente Barack Obama ha condenado el golpe de Estado y su Gobierno suspendió unos 18 millones de dólares en asistencia, en su mayor parte destinada a las fuerzas armadas hondureñas, y canceló las visas de algunos integrantes del Gobierno de facto.
El Departamento de Estado del país norteamericano anunció el martes que dejará de emitir visas en su embajada en Honduras, excepto para inmigrantes y casos de emergencia, como parte de su revisión de política hacia el Gobierno de facto.
No obstante, Washington se ha resistido a imponer sanciones más duras para restablecer la democracia en Honduras bajo el argumento de que quiere evitar el impacto negativo que tendrían sobre la población del país, uno de los más pobres de Centroamérica.