23 de abril de 2015

Un juzgado da la razón al Estado argentino en la expropiación de Aerolíneas

Un juzgado da la razón al Estado argentino en la expropiación de Aerolíneas
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BUENOS AIRES, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Sala V de la Cámara de Apelaciones en los Contencioso Administrativo ha dado la razón al Estado argentino en la expropiación de Aerolíneas Argentinas (AA) y Austral Líneas Aéreas, realizada en 2008, al desaparecido grupo turístico Marsans, por un valor simbólico de un peso de 2008.

   El Grupo Marsans, del expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y de su socio Gonzalo Pascual, ya fallecido, controlaba el 94,41% de AA y Austral.

   Según informa el diario 'La Nación', ambas compañías y sus filiales tenían en 2008 un valor negativo de 3.275 millones de pesos argentinos, equivalentes entonces a 949,4 millones de dólares (unos 883,3 millones de euros al cambio de hoy).

   El fallo ratifica una sentencia anterior, de marzo de 2014, emitida por el juez de lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, en la que se reconoce el derecho del Estado argentino a la expropiación de las acciones de ambas empresas en 2008, entonces en manos de la firma Interinvest, tras dar cómo válido el estudio del Tribunal de Tasación.

   Marsans reclamó 1.100 millones de euros al Gobierno argentino por la expropiación de Aerolíneas Argentinas (AA) ante el tribunal de resolución de conflictos dependiente del Banco Mundial (BM), el CIADI, a raíz de la demanda interpuesta por el grupo en diciembre de 2008, donde la causa sigue abierta y donde ambas partes litigan sobre su valor.

   El grupo español presentó su propio informe de tasación, elaborado por Credit Suisse Securities, en el que se valoraba ambas compañías con entre 330 y 536 millones de dólares.

   Según la sentencia de la Cámara, el informe de tasación elaborado por Credit Suisse Securities, por encargo de Marsans, resulta "insuficiente" para desvirtuar las conclusiones contenidas en el dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación.

   La expropiación de las dos empresas (Aerolíneas Argentinas y Austral), que habían sido privatizadas en 1990, fue aprobada por el Senado argentino por 42 votos a favor y 21 en contra.

Mediante esta ley, el Gobierno argentino se hizo cargo de los 9.000 empleados de las dos compañías que controlan el 80% del mercado doméstico.