BOGOTÁ, 27 Nov. (Notimérica) -
El cabecilla del desfalco de InterBolsa, el empresario Víctor Maldonado, ha llegado este viernes por la mañana a Colombia extraditado desde España para enfrentar un juicio por su presunta responsabilidad en uno los mayores escándalos financieros de los últimos años en su país.
Maldonado, reclamado por las autoridades colombianas por los delitos de estafa agravada y continuada, enfrentará una audiencia judicial en la que la fiscal del caso insistirá para que el acusado cumpla prisión preventiva y no detención domiciliaria, ha informado el fiscal genera, Eduardo Montealegre, según el diario colombiano 'El Espectador'.
El empresario, de doble nacionalidad española y colombiana, fue detenido en Madrid el pasado 26 de marzo y permanecía en prisión preventiva.
Maldonado, accionista mayoritario de una sociedad ubicada en Bogotá, ofrecía productos financieros en el exterior a inversores colombianos y está acusado de desviar el dinero depositado en esos fondos por más de 1.200 clientes, a empresas vinculadas a él mismo y sus socios --algunas fuera de Colombia--, causando un daño patrimonial cercano a los 350.000 millones de pesos colombianos (más de 114 millones de dólares).
El próximo 7 de diciembre la Fiscalía General lo acusará formalmente por los delitos de captación masiva y habitual de dinero, estafa agravada y negativa de reintegro. Si es hallado culpable, el empresario se expone a una pena de entre 12 y 15 años de prisión, según ha explicado el fiscal general.
PROBLEMAS DE SALUD
El pasado martes los familiares de Maldonado emitieron un comunicado de prensa en el que aseguraban que el empresario había sido diagnosticado "con cáncer de próstata" en España y que existía un riesgo al trasladarlo desde España a Colombia, o al recluirlo en un centro penitenciario.
La defensa del Maldonado solicitará, antes de que se celebre la audiencia, que el Instituto de Medicina Legal le realice un control médico para chequear su estado de salud.
DESFALCO INTERBOLSA
En 2012, Interbolsa, la firma comisionista más grande del mercado colombiano, fue intervenida por el gobierno. La Superintendencia Financiera expidió la resolución para ordenar la toma de posesión de la sociedad comisionista.
La firma tuvo que reconocer a través de un comunicado que los rumores que venían circulando sobre sus problemas de liquidez eran ciertos, lo que provocó que la acción de la compañía se desplomara un 30 por ciento en la Bolsa de Valores de Colombia.
Víctor Maldonaro era el dueño del 30 por ciento de la que fue la mayor comisionista de bolsa de Colombia. "Yo soy un socio pasivo de Interbolsa", aseguraba Maldonada a medios colombianos. Sin embargo, una investigación del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) demostró que en el año 2006 Maldonado fue un accionista muy activo de Interbolsa, utilizando información privilegiada para comprar acciones de la misma comisionista, conducta considerada delito en el Código Penal.
En 2014, el fundador y presidente de Interbolsa le informó a algunos de sus traders que no negociaran la acción de Interbolsa y que no le contaran a nadie sobre la inminente fusión de esa firma y otra comisionista llamada Inversionistas de Colombia.
Un día después, la Superintendencia Financiera divulgó el negocio como oficial y, en esa misma mañana, en un lapso de una hora, una compañía de Maldonado domiciliada en Panamá, Latinoamericana de Inversiones Sumo, compró más de dos millones de acciones de Interbolsa.
Cuando hay fusiones de compañías inscritas en bolsa, sus acciones generalmente suben de precio. Pero es un delito comprar antes del anuncio oficial, pues se supone que en la bolsa todos los inversionistas deben tener acceso a la misma información. Por esta razón, el AMV abrió una investigación contra Maldonado.
Según AMV, "en abril y de julio a noviembre del 2011 se detectaron 1.481 alertas por el ingreso de órdenes por cantidades superiores al parámetro establecido, es decir, mayor a 27.000 acciones, y 123 alertas por activación de subastas de volatilidad".
Esto, junto a otras afirmaciones que siguen apareciendo, evidencian que hubo una serie de operaciones preacordadas que llevaron a que la acción tuviera un comportamiento que favoreciera a los operadores y tenedores principales, es decir, a las empresas del grupo de Víctor Maldonado, Tomás Jaramillo y Alessando Corridori.
Maldonado, junto a otros miembros implicados en el escándalo, formaron parte de una "organización criminal de cuello blanco" que delinquió entre 2008 y noviembre 2012, y que con "artificios" buscaron el beneficio de unos pocos inversionistas a cuyos bolsillos llegó el dinero aportado por particulares al Fondo Premium.