Actualizado 25/06/2009 18:05

Mejor precio no impulsaría siembra cereales argentinos

Por Nicolás Misculin

BUENOS AIRES (Reuters/EP) - El acuerdo que el Gobierno argentino firmó con exportadores para que paguen más a los productores por el trigo y el maíz, a cambio de autorizar ventas al exterior que permanecían congeladas, no impulsaría la siembra de los granos debido a la crisis que vive el sector.

Ante las perspectivas de una pobre producción para el trigo y el maíz del ciclo 2009/10 por una extensa sequía, la presidenta Cristina Fernández impulsó el acuerdo para fomentar la implantación, pero productores y analistas criticaron la iniciativa al considerar que no brinda certidumbre al mercado.

Mediante la medida, el Gobierno permitirá vender al exterior un millón de toneladas de trigo -que se sumará a otro millón previsto en un acuerdo previo- y un millón de toneladas de maíz del ciclo 2009/10, que los exportadores deberán comprar al valor fob oficial menos el costo del impuesto a la exportación.

"No cumple el objetivo principal, que es el de incentivar la siembra. La siembra se incentiva con el compromiso de un mercado desregulado y con la baja de las retenciones (impuestos a las exportaciones)", afirmó Lorena D'Angelo, analista de mercado de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Los productores se quejan desde hace años argumentando que la gestión de Fernández -y antes la de su marido y predecesor, Néstor Kirchner- interviene en los mercados distorsionando los precios y afectando la producción de Argentina, uno de los mayores exportadores globales de granos.

La mayor disputa entre el sector y el Gobierno se da en alimentos como el trigo y el maíz, que además de tener una fuerte demanda externa son muy requeridos para el consumo doméstico, en un país en el que la tercera parte de la población es pobre.

En el caso del trigo, el Gobierno limitó exportaciones para mantener los precios internos, pero la falta de competencia externa llevó a que los productores cobren precios muy bajos por el cereal, pese a los acuerdos que las autoridades firmaron con los molinos para que paguen más a los agricultores.

"Los acuerdos han demostrado que perjudican a los productores, ya que transfieren involuntariamente recursos hacia la exportación y la molinería indirectamente, ya que se les asegura un mercado cautivo", se quejó en un comunicado la asociación agraria Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

La entidad, que el año pasado sostuvo junto con otras asociaciones rurales una feroz disputa con el Gobierno por un impuesto a la exportación, dijo que "ponen en riesgo el abastecimiento futuro de trigo, ya que no incentivan el aumento del área ni la incorporación de tecnología".

Por el contrario, la producción de soja creció de manera sostenida en los últimos años -excepto por el ciclo 2008/09, muy golpeado por la sequía- hasta ocupar más de la mitad del área agrícola total del país.

"Todo se va a ir otra vez a la soja", añadió D'Angelo.

FALTA DE INCENTIVOS

La sequía derrumbó la cosecha de la campaña 2008/09, dejando la producción de trigo en sólo 8,7 millones de toneladas, mientras que la de maíz -cuya recolección está terminando ahora- sería de 12,5 millones de toneladas, según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Al prolongarse el clima seco, las perspectivas no son mejores para la temporada 2009/10; la Bolsa de Cereales estima que la superficie del trigo, cuya siembra ya comenzó, sería de 2,9 millones de hectáreas, muy por debajo de los 4,55 millones de la mala campaña previa.

"Muchos productores no tienen la plata para sembrar maíz. Algunos productores dicen que si llueve siembran trigo, pero no van a cumplir la intención de siembra completa", explicó Guillermo Moulia, operador de la corredora de granos Guardatti Torti de Rosario, en el centro agrícola del país.

La medida del Gobierno busca "brindar previsibilidad de precio a los productores, garantizar la provisión al mercado interno e incentivar las exportaciones", según la resolución publicada el miércoles en el Boletín Oficial.

Los impuestos a las ventas de granos representan una porción clave en los ingresos del Estado, por lo que el Gobierno puso como requisito para las operaciones que los comercializadores de granos liquiden de forma anticipada los impuestos a las exportaciones.

Pero el volumen de exportaciones de cereal autorizado no está, sin embargo, garantizado, porque el Gobierno puede detenerlas si la producción no alcanza para el abastecimiento doméstico.

La demanda interna de trigo es cercana a los 6 millones de toneladas y la de maíz a los 7,5 millones de toneladas, por lo que el saldo exportable está en duda para la campaña 2009/10.

El miércoles, el precio que los exportadores deberían pagar era de 659 pesos por tonelada para el trigo y de 516 pesos en el caso del maíz -según los expertos-, por encima de los valores de la semana pasada, cuando se paralizaron las ventas de los cereales a la espera de la materialización del acuerdo.

Pero, en un gesto más de desconfianza hacia las medidas oficiales, el miércoles no se registraron ventas de trigo y maíz.