2 de agosto de 2007

Nicaragua.-Unión Fenosa y el Gobierno de Nicaragua acuerdan poner fin al conflicto por el déficit tarifario

La eléctrica invertirá 33,7 millones de dólares entre 2007 y 2011 y el Gobierno del sandinista Ortega promete una Ley Antifraude

MANAGUA/MADRID, 2 Ago. (DE la enviada especial de EUROPA PRESS, Carmen Sáez) -

El Gobierno de Nicaragua y Unión Fenosa han alcanzado un acuerdo que pone fin al conflicto suscitado entre ambas partes a raíz del elevado déficit tarifario acumulado por el sistema eléctrico nicaragüense. Según el avance del protocolo de entendimiento que recoge Europa Press, se ha logrado consensuar definitivamente una parte del texto de este acuerdo en el que se prevé que Unión Fenosa invierta 33,7 millones de dólares en tres años.

La firma del acuerdo, que responde a un protocolo de entendimiento firmado por representantes de Unión Fenosa y del Gobierno nicaragüense hace un mes en Madrid, coincide con el viaje oficial que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, realiza por el país, en el marco de su gira por Iberoamérica.

En virtud de este acuerdo, el Gobierno que preside Daniel Ortega promoverá una Ley Antifraude en el sistema eléctrico nacional, mientras que la empresa española se compromete a realizar inversiones de 33 millones de dólares entre el año 2007 y el 2011.

En concreto, según figura en el avance de protocolo de entendimiento, el Estado nicaragüense se compromete a remitir a la Asamblea Nacional la citada ley Antifraude para que sea aprobada y sancionada para su plena entrada en vigor, a más tardar, el 30 de noviembre de 2007. Asimismo, el Gobierno nicaragüense se compromete a impulsar una política de lucha antifraude de acuerdo a los medios que disponga de forma que "se cree en el país un estado de opinión favorable a dicho cumplimiento".

En el texto se recoge también el compromiso de inversión de Unión Fenosa. Así se indica que, para contraer la ejecución de las medidas antifraudes contenidas en la citada norma y mejorar la calida de servicios de distribución y comercialización, así como de la reducción de las pérdidas técnicas, la expansión de la red y el control energético, se diseña un plan básico de inversiones.

Este plan, que comprende los periodos 2007-2011, prevé una inversión de 33,7 millones de dólares cuya ejecución se condiciona "especialmente" a la entrada en vigor de la Ley.

El primer tramo de este plan, para el periodo 2007-2009, ascenderá a un mínimo de 23'7 millones de dolares, de los cuales 20 se invertirán en el plazo de 24 meses a partir del cumplimiento del requisito de entrada en vigor de la norma que se desglosará en los siguientes conceptos: Lucha contra el fraude y modernización de la medición; mejora de la calidad e incremento de la calidad de la red de distribución; crecimiento del mercado y atención a los clientes.

El segundo tramo de este plan para el periodo 2010-2011 ascenderá a 10 millones de dólares "como mínimo". Asimismo, se fija que durante un periodo de tres años Unión Fenosa "renunciará a retirar cualesquiera utilidades que pudieran repartirles las distribuidoras". "Estos fondos tendrán por objetivo reforzar la capacidad financiera de las distribuidoras para realizar las inversiones en las luchas contra el fraude y la mejora del mantenimiento, operación y desarrollo de la red de distribución eléctrica y del servicio a los usuarios".

El presidente de Unión Fenosa, Pedro López Jiménez, se ha desplazado a Nicaragua para la firma del acuerdo, con el que se pretende dar solución a un problema estructural en el sistema eléctrico del país, caracterizado por una producción de electricidad escasa y muy cara que genera anualmente un déficit tarifario del que no quieren responsabilizarse las empresas productoras.

Unión Fenosa, que está presente en el país desde el año 2000, entiende que el pago del déficit no debe corresponder a las empresas que, como ella, actúan en calidad de distribuidoras, una actividad regulada en el país.

Fuentes de la compañía indicaron a Europa Press que la eléctrica tiene totalmente cubierto y provisionado en sus cuentas el riesgo financiero aparejado a sus actividades en Nicaragua.