Por Rodrigo Ramírez, director del Área de Asuntos Públicos en LLORENTE&CUENCA, Chile.
MADRID, 19 Feb. (Notimérica)
La actividad del Lobby se caracteriza por su diversidad en cuanto a definición y regulación dependiendo del país en el que se observe su desempeño.
A modo de ejemplo, mientras Estados Unidos cuenta con una institución establecida que coordina y supervisa la actividad de lobby, la Unión Europea todavía no ha creado ningún organismo de control para dicha actividad, aunque sí trata de proporcionar información pública sobre la relación de los grupos de interés y las comisiones.
En líneas generales, podría entenderse el Lobby como el ejercicio de algún tipo de presión, con el fin de posicionar un interés particular e influenciar en la toma de decisiones. Se trata, en muchos casos, de encuentros entre personas físicas o jurídicas con los responsables públicos encargados de la toma de decisiones, con el interés de influir en estas.
En la actualidad, esta actividad se encuentra estereotipada con connotaciones negativas llegando a interpretarse, erróneamente, como un proceso de tráfico de influencias, cohecho e incluso soborno. Esto se debe en parte a la desconfianza social generada de cara a la actividad política y empresarial.
El deseo de influir sobre los procesos de toma de decisión es innegable y, en aras de una mayor transparencia, la sociedad reclama un mayor control del Lobby y las personas que lo desempeñan --lobbistas, gestores de interés y autoridades--.
En lo que respecta a Chile, el Gobierno del país ha desarrollado la Ley de Lobby, una regulación que persigue lograr una mayor transparencia y accesibilidad pública a todo lo relacionado con el desarrollo de dicha actividad en el territorio.
Los dos puntos más destacados de esta nueva ordenanza son; el esclarecimiento de los sujetos implicados en la actividad --actores tanto activos (lobbistas y gestores de interés) como pasivos (autoridades públicas y entidades privadas)-- y la creación, por parte de los actores pasivos, de diversos registros en los que se incluyan los encuentros que tienen lugar y el motivo de los mismos.
A pesar de suponer un avance necesario en materia de transparencia, ya han surgido diversos colectivos detractores de esta Ley.
En primer lugar, uno de los miembros del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, sugiere que se debe cambiar el foco hacia los actores activos, ya que lo relevante es conocer quien ejerce la actividad del Lobby y con qué fines.
Por otra parte, los Embajadores han manifestado que esta Ley podría dificultar la labor diplomática de las misiones chilenas en el extranjero, las cuales implican encuentros privados para tratar temas e intercambiar opiniones sobre asuntos de interés nacional, y muchas veces de carácter confidencial.
La Ley de Lobby supone una oportunidad para mejorar la imagen y reputación de la actividad, pero los actores que toman parte deben ser conscientes de que es necesario un compromiso por su parte con la probidad y el ejercicio responsable.
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