27 de agosto de 2009

Pdta Argentina envía a Congreso proyecto de nueva ley de medios

BUENOS AIRES (Reuters/EP) - La presidenta argentina, Cristina Fernández, enfrentada al principal grupo de medios de comunicación del país, presentó el jueves un proyecto de ley de radiodifusión que, según el Gobierno, servirá para desconcentrar el mercado audiovisual.

El proyecto gubernamental, inusualmente presentado por cadena nacional en un acto junto a entidades sociales y de derechos humanos oficialistas, apunta a sustituir la ley vigente que fue promulgada durante la última dictadura militar (1976-1983).

El proyecto debe ser debatido por el Congreso, en un trámite que puede abrir un nuevo frente de desgaste para el Gobierno de Fernández, que ya mantiene tensas relaciones con el poderoso sector agropecuario, columna vertebral de la economía del país.

"Libertad de expresión no puede convertirse en libertad de extorsión, libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa, el derecho a la información significa el derecho a toda la información, no al ocultamiento (...) o la distorsión", dijo Fernández al presentar el proyecto.

"El campo de los medios que hoy mayoritariamente es de carácter comercial (...) va a cambiar en forma estructural", agregó la mandataria, quien critica habitualmente a parte de la prensa por la manera en que informa sobre la actuación del Gobierno.

Añadió que universidades, cooperativas y organizaciones sociales, entre otros, podrán acceder a frecuencias de medios.

"Se democratiza la información", dijo por su parte el dirigente piquetero Luis D'Elía, que ha liderado manifestaciones, algunas violentas, de apoyo al Gobierno.

El proyecto aparece luego de que la semana pasada el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) suscribieran un convenio para la transmisión televisiva abierta y gratuita del fútbol, luego de que la AFA rompiera un contrato que le otorgaba los derechos exclusivos a la empresa privada TSC (Televisión Satelital Codificada) hasta el 2014.

El acuerdo desató una polémica política, ya que exigirá aportes del Estado por unos 640 millones de pesos (166 millones de dólares) anuales.

El Gobierno mantiene una dura disputa con el Grupo Clarín, al que está ligada TSC, ya que lo considera opositor.