LIMA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Ollanta Humala ha promulgado el reglamento que regulará las consultas a las que deberán someterse algunos proyectos mineros y de explotación de hidrocarburos que los indígenas peruanos consideren que atentan contra su entorno natural y sus derechos colectivos.
El reglamento, que ha entrado en vigor este miércoles, tiene como principal objetivo cumplir con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la necesidad de crear un consenso en torno a medidas administrativas que pudiesen atentar contra determinados colectivos.
Diferentes etnias y organizaciones indígenas llevan varios años insistiendo en la necesidad de poner en marcha este tipo de normativas, a fin de evitar que continúen sucediendo hechos violentos como los ocurridos hace unas semanas en la provincia de Cajamarca (norte), donde se registraron decenas de manifestaciones y huelgas contra un proyecto que pretendía vaciar tres importantes lagunas para facilitar la explotación de minerales.
El reglamento "es para que podamos trabajar en paz, para que esto mejore el clima social y para que desde el Gobierno le digamos a las comunidades indígenas que nosotros los consideramos ciudadanos de primera categoría", ha enfatizado Humala.
Algunos colectivos se muestran pesimistas sobre los efectos positivos que podría tener esta ley ya que, como lo ha dicho el propio Humala, las consultas que se realicen no tendrán un efecto vinculante en la decisión que posteriormente tome el Gobierno.
"Si no se alcanzara el acuerdo o consentimiento sobre dichas medidas, las entidades promotoras se encuentran facultadas para dictarlas, debiendo adoptar todas las medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos", señala la normativa publicada en el diario oficial 'El Peruano'.
Actualmente, en Perú continúan activos unos 200 conflictos sociales, la mayoría relacionados con los multimillonarios proyectos que se realizan o pretenden llevar a cabo en importantes extensiones de la selva. Entre los años 2006 y 2011, murieron 195 personas o otras 2.300 resultaron heridos en hechos relacionados con las intensas protestas de indígenas y campesinos, según datos de la Defensoría del Pueblo.