21 de febrero de 2012

Perú.- La falta de inversión en el sistema eléctrico peruano amenaza con frustrar millonarios proyectos mineros

LIMA, 21 Feb. (Reuters/EP) -

La falta de inversión y planificación a largo plazo en el sistema eléctrico de Perú amenazan con frustrar multimillonarios proyectos mineros, vitales para asegurar el crecimiento económico del segundo productor mundial de plata y cobre.

Perú debería invertir cada año al menos mil millones de dólares (753 millones de euros), teniendo en cuenta el actual crecimiento de la demanda eléctrica, para extender su red y alimentar el voraz apetito de su industria minera, que tiene previsto planes por unos 50.000 millones de dólares (37.696 millones de euros) para las próximas décadas.

Sin medidas urgentes, los analistas creen que Perú podría sufrir en 2017 la misma suerte que le tocó a Sudáfrica en 2008 o a Chile tres años más tarde, cuando distintas crisis energéticas afectaron a las mineras y dispararon los precios de los metales.

Las demoras en la ejecución de los proyectos eléctricos y en la implantación normas clave, la falta de planes de largo plazo, un sistema de distribución malo y un creciente rechazo social ponen en duda a por lo menos media docena de planes en un sector que genera el 60 por ciento de los ingresos externos del país.

Cinco años puede parecer mucho tiempo, pero no lo es cuando se trata de una presa hidroeléctrica o un gasoducto. "Somos terriblemente vulnerables" en materia energética, afirmó Carlos Gálvez, gerente financiero de Buenaventura, la mayor productora de metales preciosos de Perú.

Las mineras globales aseguran que esa vulnerabilidad es un riesgo tangible en Perú, uno de los rincones menos explorados del mundo en el que se cree que existen enormes yacimientos mineros por descubrir.

La capacidad instalada creció apenas un 1 por ciento el año pasado, mientras que la demanda aumentó cerca de un 10 por ciento. Esto deja al colchón de la red eléctrica extremadamente delgado, con una demanda de 5.000 megavatios que consume rápidamente la potencia efectiva de 6,415 megavatios disponible en la actualidad.

Consciente de los problemas del sector, el Gobierno del presidente Ollanta Humala --quien asumió el 28 de julio-- ha pedido acelerar las inversiones eléctricas y lanzó una batería de iniciativas para ponerse al frente de las obras.

Humala, un militar retirado de sesgo nacionalista, prometió apurar las concesiones para la construcción de líneas de transmisión, invertir en un gasoducto para alimentar de energía al sur y fomentar la construcción de plantas hidroeléctricas.

"Hoy en día nuestra demanda está alrededor de los 5.000 megavatios, pero si nosotros como país queremos seguir creciendo a tasas sobre 7 por ciento anuales implica que esa demanda se podría duplicar cada 10 años", afirmó el actual ministro de Energía y Minas, Jorge Merino.

Uno de los principales obstáculos sería la demora en la implementación de una ley que da más voz a las comunidades indígenas frente al desarrollo de proyectos energéticos y mineros, para aplacar los más de 200 conflictos sociales que asolan a Perú. La ley obliga a los inversores a negociar sus proyectos con los poblados que se puedan ver afectados.

El problema es que muchos peruanos rechazan la extracción de los vastos recursos naturales del país y la construcción de proyectos eléctricos por el temor a quedarse sin sus tierras o sin recursos hídricos para sus cultivos y ganado.

"Hemos dado instrucciones precisas aquí a nuestros funcionarios de que tenemos que adelantar y acelerar las conversaciones con las zonas donde tenemos que hacer las consultas", indicó Merino.

El actual Gobierno ya ha debido lidiar con el rechazo popular al gigantesco proyecto de cobre y oro Minas Conga, controlado por la minera estadounidense Newmont y Buenaventura, que con 4.800 millones de dólares (3.620 millones de euros) se convertiría en la mayor inversión minera en la historia de Perú.

El conflicto plantea un dilema para Humala --que llegó al poder gracias al apoyo de las comunidades rurales e indígenas peruanas-- y ahora debe buscar un equilibrio para atender los reclamos de las comunidades y fomentar los proyectos mineros y eléctricos.