MADRID, 16 Mar. (EP/AP) -
El Gobierno de la República Dominicana anunció recientemente que llevará a cabo acciones judiciales para reclamar el pago de 80 millones de dólares (más de 65 millones de euros) a la empresa estadounidense AES Corporation, por los daños medioambientales causados por el transporte de los residuos producidos por una central eléctrica de su propiedad.
Así, la Secretaría de Medio Ambiente presentará la demanda en Washington, alegando que dicha compañía envió "de manera irregular" cerca de 60.000 toneladas de cenizas producidas en una planta de generación de electricidad que posee en la localidad de Guayama, en el centro de Puerto Rico.
La denuncia también pretende que se castigue a varios ex-funcionarios dominicanos del anterior Gobierno, que según la acusación, fueron los que autorizaron la entrada de estos productos contaminantes al país "sin cumplir los requisitos medioambientales establecidos por la legislación".
En el texto se recogen, a su vez, los nombres de varios empresarios que fueron los que exportaron dichos desechos. Para llevar adelante el proceso, el secretario de Medio Ambiente de la República Dominicana, Max Puig, contará con el apoyo de un grupo de abogados en Estados Unidos y otro en Santo Domingo, que trabajarán para que se repare el daño ecológico producido.
Los datos que manejan las autoridades dominicanas reflejan que más de 32.000 toneladas de esta ceniza fueron depositadas en las playas de la ciudad de Montecristi (noroeste) y 27.000 toneladas en la costa de Samaná (noreste) entre octubre de 2003 y marzo de 2004.
Por este motivo, --explicó en un comunicado el ministerio--, desde que comenzaron los vertidos de estos productos "los habitantes de Samaná y Montecristi presentan enfermedades pulmonares y de la piel, y parte de la flora del área ha sido afectada y ha descendido significativamente el turismo en la zona".
Por su parte, los abogados contratados por el Gobierno dominicano están llevando a cabo negociaciones con la compañía estadounidense para llegar a un acuerdo sobre el pago de los 65 millones de euros por "daños y perjuicios medioambientales", para lo que se han fijado un plazo de 60 días.
Si estas negociaciones no llegaran a buen puerto se procederá a demandar por la vía legislativa a AES Corporation en los Tribunales de Estados Unidos, según informaron desde el Ministerio.