El apoyo a un Gobierno no está regulado en el Derecho Internacional y no cuenta con precedentes homologables
MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
La declaración de reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, tal como han hecho este lunes España y cerca de una veintena de países europeos, es un acto político y no legal, pero tiene efectos jurídicos, principalmente en lo relativo a la relación con los embajadores y en el control de los activos que Venezuela pueda tener en el exterior, han explicado varias catedráticas de Derecho Internacional Público a Europa Press.
El reconocimiento también tiene efecto en que quien es reconocido como jefe de Estado puede pedir un cambio de titularidad de los activos de Venezuela en el exterior. En tercer lugar, puede afectar a los privilegios e inmunidades en caso de procedimientos judiciales contra altos cargos venezolanos en el exterior.
"A Juan Guaidó le reconocemos estatuto de jefe de Estado y le reconocemos el derecho a nombrar embajadores", señala la catedrática de la UNED Concepción Escobar. "Si Guaidó transmite una comunicación diciendo que el actual embajador ha dejado de serlo, hay que retirarle el estatus diplomático y quedaría en funciones el encargado de negocios", añade.
La clave no es tanto quién sea el embajador, sino quien le da las instrucciones. Es decir, si el actual quisiera transmitir una nota de protesta de Nicolás Maduro, ya no se le podría aceptar.
Aunque los opositores venezolanos en España han apuntado a un nombramiento rápido de nuevos embajadores para los países europeos que han reconocido a Guaidó, lo cierto es que éstos pueden no ser inminentes. En la práctica diplomática, antes de nombrar a un embajador se pide el plácet (visto bueno) al Estado receptor. Cuestión distinta sería si Guaidó nombra a un representante que no sea un embajador como tal y no requiera plácet.
Si se desginase a un embajador, la catedrática de la Universidad de Málaga (UMA) Ana Salinas avisa de que "el problema es la reciprocidad", porque el Gobierno de Maduro, que es quien tiene los resortes del poder, puede nombrar 'persona non grata' al embajador español en Caracas y ejercer "represalias" en la medida en que tiene los resortes del poder. "Eso dejaría al descubierto a la misión española allí y a las propiedades que España pueda tener", añade.
Es más, Araceli Mangas, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), avisa de que "Maduro tendría derecho, y no sería ilegal, a expulsar a los embajadores y romper relaciones diplomáticas" y suspender Tratados. Por eso, cree que la decisión que han tomado estos países es "muy arriesgada", y más en el caso de España, que, a diferencia de otros países tiene en Venezuela más de 150.000 ciudadanos españoles e intereses económicos.
Si Maduro no cede el poder, Mangas no imagina a un embajador nombrado por Guaidó presentando cartas credenciales ante el Rey y avisa de la situación en la que podría quedar "el conjunto del Estado".
El hecho es que Guaidó no controla la Administración y cabe preguntarse qué sucedería con los venezolanos que viven en España y necesitan, por ejemplo, renovar pasaportes. La clave es que el cambio de Gobierno se materialice y Guaidó controle el territorio. "Ahora es un Gobierno fantasma, nos guste o no", concluye.
UN ARMA POLÍTICA CONTRA MADURO
En este escenario, interpreta la declaración de reconocimiento a Guaidó como "un arma política para dar el último empujón al hundimiento de Maduro", que ya se había convertido en gobernante "de facto" con el "autogolpe" de la Asamblea Nacional Constituyente y las elecciones de 2018, no reconocidas por la comunidad internacional. "La declaración es un escalón más en los intentos de frenar a Maduro", coincide Salinas.
En ese sentido, el apoyo a Guaidó, singularmente el de Estados Unidos, recuerda al que recibió en 2011 el Consejo Nacional de Transición libio, en plena guerra con el régimen de Muamar el Gadafi, porque ese reconocimiento le facilitó impulso diplomático y, además, acceso a activos financieros que Libia tenía vetados por años de sanciones internacionales.
España también reconoció al CNT libio. Sin embargo, en aquella ocasión había un conflicto armado, territorios controlados por distintas facciones y --recuerda Escobar-- una resolución de la ONU.
De este modo, una declaración de apoyo a un Gobierno no es algo inédito en las relaciones internacionales, pero no es habitual y, además, no está "sometido a ninguna regla jurídica", señala esta catedrática, que añade que "tan lícito es hacerlo como no hacerlo, no es contrario a Derecho Internacional". El reconocimiento es un acto fundamentalmente político, "no tiene que publicarse ni ir al BOE" y "ningún texto jurídico dice cómo se tiene que reconocer un Gobierno".
LA PRÁCTICA ES OBVIAR EL RECONOCIMIENTO
En la práctica, el hecho es que los Gobiernos tienden a obviar el reconocimiento expreso y, simplemente, establecer relaciones diplomáticas. En 2009, el Gobierno español no reconoció al Gobierno de facto que surgió tras el golpe de Estado contra el presidente hondureño Manuel Zelaya, pero una vez que se celebraron elecciones la relación diplomática se recuperó.
Ahora, reconociendo a Guaidó, España se aparta de la llamada 'doctrina Estrada', que ha seguido habitualmente en sus relaciones diplomáticas por la cual no se entra a valorar la legitimidad de un Gobierno, sino que se entablan relaciones con los Gobiernos efectivos.
Frente a la 'doctrina Estrada', forjada en México en los años 30, existe la 'doctrina Tobar', surgida en Ecuador a principios del siglo XX, que llama a no reconocer a los regímenes de facto surgidos de acciones violentas.