Por Fabián Andrés Cambero
CIUDAD GUAYANA, Venezuela (Reuters/EP) - Un centenar de trabajadores del aluminio abarrotan un salón para discutir la filosofía socialista de "control obrero" que está impulsando el presidente Hugo Chávez para las empresas estatales de Venezuela.
La idea es que el obrero participe en la toma de decisiones de la empresa para aumentar su eficiencia y productividad a través del programa "Guayana Socialista 2009-2019".
Sin embargo, una realidad plagada de reivindicaciones salariales, crecientes problemas operativos y desinversión crónica está golpeando al plan del mandatario de reducir la dependencia que tiene el país del petróleo y convertirlo en una potencia industrial.
"Nos proponemos asumir el protagonismo en la consolidación de un nuevo modelo de gestión que básicamente contempla el control obrero", dijo a Reuters el secretario general del sindicato de la reductora estatal de aluminio Alcasa, alineado con el ecléctico socialismo del siglo XXI que promueve Chávez.
Como casi todos en el país socio de la OPEP, los trabajadores están divididos en torno a las controvertidas propuestas del militar retirado y los críticos advierten que Chávez busca sustituir los sindicatos por entes al servicio de la "revolución", acallando así la disidencia obrera.
"Esto forma parte de un plan de acabar con el estado social que está contemplado en las convenciones colectivas y que ha sido producto de la lucha de los trabajadores", dijo el secretario general de Sutra-Alúmina, José Morocoima, que agrupa a los trabajadores del sector aluminio.
Chávez, quien suele reivindicar a su Gobierno como obrerista, ha criticado a los sindicatos que se oponen a su nuevo modelo tildándolos de mafias que sólo buscan el lucro con demandas que "rayan en lo obsceno".
"El que pare aquí una empresa del Estado se está metiendo conmigo. Eso es sabotaje y no lo voy a tolerar", sentenció el mandatario, que en el 2003 despidió a miles de trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) por secundar un paro convocado por la oposición para forzar su renuncia.
FRENTE AMPLIO
Desde el 2007 y tras la nacionalización de sectores estratégicos, como el petrolero y el eléctrico, el Estado ha visto multiplicar su nómina en decenas de miles de funcionarios, lo que se ha convertido en un lastre para las debilitadas finanzas públicas y en un foco permanente de tensión en un contexto de crisis global.
Prácticamente todas estas industrias estatizadas tienen reclamos laborales y la exigencia de firmar nuevos contratos colectivos que ayuden a los trabajadores a lidiar con la galopante inflación de dos dígitos, la más alta de la región.
En Guayana, región en el suroriente del país donde se concentran las industrias básicas estatales, la presión ha subido tras la toma de la siderúrgica Sidor y las briqueteras.
Bajo el intenso calor en la margen del imponente río Orinoco donde se ubican las empresas, trabajadores han bloqueado vías y accesos a las plantas en meses recientes demandando pagos atrasados, lo que ha impactado en la producción nacional de hierro, aluminio y alúmina.
La demora en los pagos se produce por menores ingresos, debido al desplome que sufrieron desde el año pasado los precios internacionales de las materias primas. Además algunas firmas están enfrentando una fuerte desactualización tecnológica y falta de inversiones.
Sin la posibilidad de echar mano de la "petrochequera" por la gran cantidad de obligaciones que tiene PDVSA en momentos de bajos precios del crudo, la mayor parte de las industrias pactó pagos parciales con esperanza de que escampe la crisis y que el Gobierno logre el tan ansiado financiamiento externo.
La economía venezolana se contrajo por primera vez en el segundo trimestre del 2009 tras cinco años de bonanza petrolera y el Gobierno apenas ha podido dar auxilios financieros a algunas firmas, principalmente en el sector aluminio, para mantener la operación en medio de la turbulencia financiera.
DIVISION Y CONFUSION
Analistas consideran que la tesis gubernamental de que no puede haber ganancia sino distribución solidaria, forzosamente chocará con los sindicatos.
"En una propuesta de intercambio, en un modelo socialista como el que está planteado, se va a desvirtuar el rol de los sindicatos", dijo Claudia Curiel, analista de riesgo político y empresarial, quien vaticina que el enfrentamiento con los trabajadores podría recrudecer.
La fuerza sindical no sólo está polarizada en torno a Chávez, sino que los propios afectos al mandatario están divididos sobre cuál es la ruta para resolver los numerosos problemas de las industrias públicas.
"Se está generando con los trabajadores buscar un sistema organizativo que permita que todas las venas abiertas que tienen las empresas ahora se minimicen", argumentó Andrés Rengel del sindicato Sutrapuval de Venalum.
Pero, decenas de miles de familias que viven de las industrias básicas temen perder su fuente de ingresos ante el incierto cambio de modelo laboral y las radicales políticas del mandatario, a quien sus propios seguidores critican que nombre a personas sin experiencia para dirigir las empresas.
"¿Podemos nosotros creer en un plan del 2009-2019 que fue el mismo plan que se hizo del 2000 al 2009 y no se le prestó atención cuando teníamos la bonanza?", se preguntó el secretario general de Sutra-Carbonorca, Emilio Campos.
(Con reporte adicional de Patricia Rondón, editado por Mónica Vargas)