LIMA (Reuters/EP) - Los trabajadores de Doe Run Perú presentarán el miércoles al poder judicial un recurso que les permita tomar el control de la empresa, luego de que ésta paralizara las operaciones en su complejo metalúrgico y cayó al borde de la quiebra, informaron líderes sindicales.
Doe Run Perú, un importante exportador de metales del país que opera la fundición y refinería de metales de La Oroya, enfrenta graves problemas financieros luego de que bancos cortaron un crédito vital para sus operaciones, en momentos en que la crisis mundial desplomó los precios de los metales.
La incertidumbre generó que los trabajadores y pobladores de las comunidades aledañas protestaran el lunes y martes bloqueando una carretera principal en el centro de Perú.
"Hemos aprobado presentar una medida cautelar ante el poder judicial para pedir una administración judicial, en eso es lo que estamos trabajando", dijo a Reuters el dirigente del sindicato de trabajadores, Roiberto Guzmán.
Por su parte, el líder de la federación de trabajadores mineros, Luis Castillo, afirmó que la decisión es una de las tres propuestas que les planteó el Gobierno para defender sus empleos y evitar una quiebra del complejo metalúrgico.
Las otras dos propuestas eran acudir al Indecopi, entidad que resuelve procesos de insolvencia de empresas, y esperar a que Doe Run plantee una solución a su situación financiera.
Estas dos propuestas fueron descartadas, la primera porque los trabajadores no obtendrían participación en la empresa, y la segunda debido a que "la empresa no mostró voluntad de solución".
"Una solución por parte de Doe Run ya no va más", dijo Castillo, quien afirmó que los trabajadores tienen ya procesos judiciales contra la firma y acreencias por dinero adeudado.
Doe Run, que paralizó toda sus operaciones a inicios de junio y que planteó cesar a los casi 3.500 trabajadores de su complejo metalúrgico por 90 días, debe unos 100 millones de dólares a sus proveedores mineros y además tiene pendiente una inversión de 73 millones de dólares en un plan ambiental.
La empresa había logrado en abril que algunos acreedores avalaran créditos a cambio de que su matriz, el estadounidense Grupo Renco, capitalice una deuda de 156 millones de dólares en la filial peruana y ponga todas sus acciones a nombre del Estado en garantía para culminar un plan ambiental.
Pero Doe Run no concretó los acuerdos porque refirió que primero necesitaba una prórroga oficial del plazo para concretar su plan ambiental (PAMA) que vence en octubre.
El Gobierno, que en un inicio rechazó dar más tiempo a la empresa para que cumpla el PAMA porque ya le había otorgado antes varias extensiones, afirmó que podría evaluar una prórroga razonable. También descartó intervenir a la firma.
(Por Teresa Céspedes, Editado por Patricia Vélez)