MONTEVIDEO, 13 Jul. (Reuters/EP) -
El Congreso de Uruguay aprobó el martes el proyecto de ley de Asociación Público-Privada (APP) que permitirá al Estado recurrir a la inversión privada para realizar obras de infraestructura, en medio de discrepancias dentro de la coalición de Gobierno por temores a una privatización.
La Cámara de Representantes aprobó de forma unánime el proyecto de ley, prioritario para el Poder Ejecutivo y especialmente promovido por el presidente uruguayo, José Mujica, con el que podrá apelar a inversiones privadas para mejorar la deteriorada infraestructura de esa nación sudamericana.
El Gobierno identificó como una amenaza para el crecimiento económico de Uruguay la actual situación de puertos, ferrocarriles, carreteras y caminos rurales, además de cárceles, escuelas y hospitales.
"Para el país, el proyecto de APP en definitiva significa contar con una herramienta más para el desarrollo de la infraestructura y responder a los desafios que enfrenta en la materia", explicó a Reuters el director del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Pablo Ferrer.
Cálculos realizados por ese despacho apuntan a que se necesita una inversión mínima de 1.800 millones de dólares (1.271 millones de euros) hasta el año 2015 para iniciar los acondicionamientos, pero el Gobierno no dispone de presupuesto para financiar las obras.
La aprobación de la normativa se consumó después de fuertes diferencias expresadas por el Partido Comunista, de la fuerza gobernante de izquierda Frente Amplio, y la central única sindical, Pit-Cnt. La principal preocupación de ambas agrupaciones era la privatización del patrimonio del Estado y de las empresas públicas.
Para validar la normativa --que ya había sido aprobada por el Senado-- votó un suplente en lugar del legislador comunista que se retiró de sala. De este modo, los congresistas de la coalición gobernante acataron la disciplina partidaria impuesta por el Frente Amplio. Los partidos opositores respaldaron en conjunto el proyecto de ley.
Mujica reiteró públicamente en los últimos días que el patrimonio del Estado no corre riesgo, así como tampoco las empresas públicas que administra, como la eléctrica UTE y la petrolera Ancap.
"Quedaron tres cosas claras: nadie puede hablar de privatización porque el patrimonio se incrementará y no se enajenará; están considerados los mecanismos de control; y está definido el marco de acción", comentó a Reuters el diputado oficialista Gonzalo De Toro, tras la votación.
"Se termina una etapa de siete meses, con correcciones en el proyecto original, y se obtiene una herramienta importante para empezar a trabajar sobre un déficit que tiene el país", agregó De Toro.