28 de diciembre de 2011

Uruguay.- Uruguay aprueba un nuevo impuesto a la tenencia de la tierra para evitar la "concentración" de la propiedad

MONTEVIDEO, 28 Dic. (Reuters/EP) -

Uruguay ha aprobado el miércoles de madrugada una ley que impone un gravamen a las grandes extensiones productivas con el fin de evitar una mayor concentración de la propiedad de la tierra e invertir los fondos provenientes del auge del sector agropecuario en obras de infraestructura.

El tributo, propuesto por el presidente uruguayo, José Mujica, fija una tasa progresiva en función de la cantidad de hectáreas por contribuyente y su eficiencia en base a un índice que mide la capacidad productiva en carne y lana.

"Yo soy el responsable intelectual de pedirle a la gente fuerte de mi país que ponga unos pesos proporcionalmente (...) Creo y estoy convencido de que pueden y deben, porque la gran propiedad tiene responsabilidad social", afirmó Mujica recientemente.

El impuesto fue aprobado en el Senado con los 16 votos de la coalición gobernante, mientras que la oposición rechazó la iniciativa con once votos, tras cinco horas de debate. La norma había recibido media sanción en la Cámara Baja el pasado noviembre.

Los propietarios de campos que tengan una extensión de entre dos mil y cinco mil hectáreas con una productividad determinada por la ley, o el equivalente en hectáreas según ese índice, tributarán unos ocho dólares (6,17 euros) anuales por cada diez mil metros cuadrados.

Quienes posean tierras por entre cinco mil y diez mil hectáreas o el equivalente según la productividad pagarán unos 12 dólares (9,2 euros), mientras que aquéllos que sean dueños de más de diez mil hectáreas deberán abonar unos 16 dólares (12,3 euros).

"No es un impuesto al sector agropecuario, al agro de por sí, sino al dos por ciento de sus establecimientos que explotan más de un tercio de su superficie. No es por tanto un impuesto a la propiedad en sí misma, sino a su concentración", aclaró el senador Héctor Tajam, durante su intervención en el pleno.

Los partidos de derecha, opositores al Gobierno de Mujica, se manifestaron contra este tributo. "La concentración actual depende de la aparición de empresas globales, de razones de economía de escala y de eficiencia productiva (...) La transnacionalidad de la economía está más allá de la voluntad de los estados", afirmó el senador Sergio Abreu, del Partido Nacional.

"La concentración se da no a partir de la propiedad sino de la producción", argumentó el senador Pedro Bordaberry, del Partido Colorado. "¿Quiénes van a ser los grandes beneficiarios de este impuesto? Los grandes concentradores de la producción, que arriendan los campos", agregó.

Bordaberry recordó lo que dijo Mujica en una conferencia ante empresarios antes de asumir la Presidencia, cuando el entonces futuro mandatario prometió que no se iban a crear nuevos impuestos, y aseguró que el cambio en las reglas de juego para los inversores es negativo para Uruguay. La oposición también indicó que la ley sancionada es inconstitucional.

El sector moderado del gobernante Frente Amplio también se había opuesto en un principio. Sin embargo, todos sus diputados y senadores votaron a favor de esta ley.

Ante las críticas de la oposición respecto al cambio de posición de Mujica, el senador Rafael Michelini, del ala moderada del partido de Gobierno, contestó con una interrogante: "¿Qué quieren? ¿Que hagamos una crisis de gobierno?".

El gravamen también habían sido rechazado por las asociaciones gremiales de empresarios rurales. "Este impuesto que se propone no es bueno para la imagen del país, para los empresarios, para la población. No es bueno de la primera a la última letra", advirtió el presidente de la Asociación Rural, José Bonica, en el discurso de cierre de la feria rural Expo Prado 2011 en septiembre.

El Gobierno prevé recaudar unos 60 millones de dólares (46,3 millones de euros) con este tributo, que serán destinados a la reparación de rutas y caminos rurales.

La ley aprobada incluye además un artículo que reajusta los impuestos a la renta de las propiedades adquiridas antes del 1 de julio de 2007, de manera tal que se adecuan la tributación a los nuevos precios de los inmuebles rurales, valores que se multiplicaron en los últimos años. El dinero que ingrese al Estado por este ajuste estará destinado a la compra de tierras por parte del estatal Instituto de Colonización.