23 de noviembre de 2011

Chávez pide vigilar de cerca a las empresas privadas para acabar con el "atropello especulativo"

CARACAS, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pidió a sus funcionarios que vigilen de cerca a las grandes empresas e industrias privadas para frenar el "atropello especulativo" que ha impulsado los altos índices de inflación que registra anualmente el país.

El martes entró en vigor la nueva Ley de Costos y Precios Justos, que crea una superintendencia que obligará a las empresas a cumplir con los precios máximos establecidos por el Gobierno para productos de primera necesidad como el agua mineral y los artículos de aseo personal.

Chávez ha pedido a las autoridades encargadas del nuevo mecanismo de fiscalización que "le metan el ojo" (vigilen de cerca) a grandes compañías como Pepsi, Coca-Cola, Heinz, Nestle, Jonhson & Jonhson, Knorr y Glaxo SmithKline.

Aquellos que no cumplan con lo establecido serán sancionadas con multas, penas de cárcel, el cierre temporal y hasta la expropiación de la empresa por parte del Gobierno, "sin que medie para ello la Asamblea Nacional", señala el artículo ocho de la ley.

La nueva normativa se aplicará de forma progresiva, comenzando por los sectores de los alimentos, los medicamentos, los artículos de higiene personal y del hogar y los servicios de salud, entre otros.

La primera medida en torno a esta polémica ley ha sido el "congelamiento" de los precios de 18 productos como el agua mineral, zumos de frutas, detergentes, lejía, varios tipos de jabones, champú, acondicionador del cabello, desodorantes, papel de baño, compresas, pasta de dientes y pañales, entre otros. Las restricciones estarán en vigor hasta el próximo 15 de diciembre, fecha en la que el Gobierno fijará los nuevos precios máximos.

El objetivo del mandatario socialista es combatir la inflación, que en 2010 cerró por encima del 27 por ciento y, en lo que va de año, acumula un 22,7 por ciento, la más alta de América Latina. El otro blanco de esta ley son los especuladores que favorecen la escasez al vender productos de primera necesidad en el mercado negro a precios muchos más altos.

Chávez pidió a los fiscales de la superintendencia que no se dejen sobornar por los empresarios. "El precio es la patria, vamos a esta lucha para lograr el equilibrio entre los costos y los precios y acabar con el atropello especulativo", dijo el martes en un contacto telefónico durante el acto que dio comienzo a este gran operativo.

Además de los fiscales, los ciudadanos participarán en el control de precios a través de 23.000 comités de lucha contra la especulación que están siendo conformados en todos los estados de Venezuela.

En su intervención, el líder revolucionario justificó la injerencia directa de su Gobierno en estos asuntos tras atacar nuevamente al modelo capitalista por rechazar la intervención profunda del Estado cuando se presentan este tipo de irregularidades en el sistema de precios.

"El problema de los mercados es uno de los más graves que nos trae el capitalismo y es totalmente falso eso de la mano invisible del mercado que todo lo arregla, que todo lo acomoda, que genera un equilibrio entre la oferta y la demanda, es mentira", aseguró.

VATICINAN FRACASO

La oposición y los empresarios han vaticinado el fracaso de esta nueva medida, como ocurrió con el control de precios de los alimentos, en vigor desde el año 2003, que no logró frenar el aumento la inflación, pese a las actuaciones del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis).

La mayor preocupación es que esta nueva ley podría profundizar los supuestos planes de Chávez de "estatalizar" la economía de esa rica nación petrolera. "Es obvio que es un paso bastante notorio hacia una economía centralizada y planificada", alertó Jorge Botti, presidente de Fedecámaras, la mayor asociación de empresarios de Venezuela.

Los funcionarios de la Superintendencia de Costos y Precios podrán exigir a los dueños de los comercios documentos privados relativos a la contabilidad y cualquier información que consideren necesaria durante el proceso de fiscalización, "pudiéndose hacer uso de la fuerza pública", según establece el artículo 138 de la nueva ley.

"La Superintendencia puede ser una piedra de tranca, va a entrabar más la economía", aseveró Mauricio Tancredi, primer vicepresidente de Consecomercio, al criticar la actitud asumida por el Gobierno socialista, que se habría negado a reunirse con los empresarios venezolanos antes de promulgar la normativa.