MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
Invertir en Venezuela es una opción muy arriesgada y poco recomendable, según un estudio realizado por Kreab Gavin Anderson Iberia entre asociaciones empresariales, consultores profesionales y líderes de opinión españoles en relación con el país que preside Hugo Chávez.
Según este sondeo, realizado por teléfono sobre una muestra de 25 entidades que pidieron permanecer en el anonimato, el 60 por ciento de los consultados afirma que no recomendaría a las empresas españolas invertir en Venezuela, frente al 8% que dice que sí. Además, el 32% apunta a un "riesgo muy elevado" para las inversiones.
En cuanto a si recomendarían a las empresas que ya están presentes en el país iberoamericano permanecer en el país, el 28% responde negativamente mientras que el 72% restante considera que deberían reducir al máximo sus riesgos.
Según la consultora, la mayoría de las empresas españolas que mantienen sus negocios en Venezuela lo hacen porque les resulta más ventajoso permanecer que abandonar las inversiones realizadas, principalmente por el control de cambios y las dificultades para repatriar el capital.
La extrema inseguridad jurídica y la arbitrariedad política existentes en el país son las razones que esgrimen el 96% de los consultados para no invertir en Venezuela, mientras que el 4% apunta a los graves desequilibrios económicos.
Por otra parte, el 92% de los consultados dice tener una visión negativa de la economía venezolana a medio plazo, frente al 8% que la tiene positiva.
Interrogados sobre las consecuencias que tendrá para la relación económica entre el país iberoamericano y España la política de expropiación de empresas impulsada por Chávez, el cien por cien cree que incrementará la ya elevada inseguridad jurídica y la desconfianza de las empresas.
Por último, en cuanto a si la presunta relación de Venezuela con ETA afecta las inversiones españolas, el 68% afirma que el presunto amparo de etarras por parte de Caracas es "un problema menor" en comparación con los otros que afrontan las empresas españolas en el país y no interviene en las decisiones de inversión".
Por contra, el 24% cree que las acusaciones puedan perjudicar las relaciones diplomáticas con España y dañar los intereses empresariales españoles, mientras que el 8% restante no contesta.