21 de septiembre de 2009

Venezuela inicia polémica investigación sobre histórica matanza

Por Enrique Andrés Pretel

CARACAS (Reuters/EP) - La Fiscalía venezolana inició el lunes la exhumación de decenas de víctimas de los sucesos conocidos como "el Caracazo", un estallido social ocurrido en 1989 ante un duro ajuste económico que dejó cientos de muertos por la represión de militares y policías.

En la polarizada Venezuela se ha desatado una fuerte controversia entre los que respaldan la investigación liderada por la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, y quienes critican que el trabajo no es transparente y que el Gobierno pretende hacer de la masacre una bandera política.

El presidente Hugo Chávez suele reivindicar a la explosión social que derivó en días de saqueos y disturbios tras la aplicación de un paquete de medidas neoliberales -incluyendo la única subida del precio de la gasolina en los últimos 20 años- como el germen de su autoproclamada "revolución socialista".

Decenas de periodistas y familiares de víctimas se agolparon para ver el arranque de los trabajos en el Cementerio General del Sur en Caracas, donde operarios abrieron el primero de decenas de nichos de donde trasladarán restos hacia instalaciones militares para su análisis forense.

"El Estado venezolano de manera expresa admitió su responsabilidad, ¿para qué ahora va a querer ocultar algo sobre el Caracazo? Lo que queremos es que las cosas sean claras y transparentes y que se determinen las responsabilidades, no me importa quiénes sean (los culpables)", dijo Ortega.

El Ministerio Público ya ha imputado a tres militares de alto rango acusándolos de perpetrar la masacre entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989, en la que fallecieron unos 340 ciudadanos según cifras oficiales, y hasta más de 1.000 según organizaciones de derechos humanos.

MUERTOS POLARIZADOS

Mientras la funcionaria dirigía el acto, un pequeño grupo de familiares disconforme con los procedimientos de la Fiscalía protestó a pocos metros exigiendo transparencia y participación en la investigación.

"Nosotros no podemos avalar este proceso porque se están violando varios elementos principales", dijo Iris Medina, miembro de la organización no gubernamental defensora de derechos humanos Cofavic, que investiga desde hace 20 años la masacre y cuyo marido fue una de las víctimas.

"Primero, tienen que estar los expertos internacionales (...) y segundo, los cuerpos no deben ser llevados al (cuartel militar) Fuerte Tiuna porque los responsables son los mismos militares", expresó, indignada, Medina, quien portaba pancartas exigiendo participar.

La Fiscal minimizó las quejas, asegurando que la gran mayoría de los familiares avala a los expertos venezolanos designados para el caso, así como el traslado de los restos a las instalaciones militares, único lugar según Ortega acondicionado para albergar los trabajos de identificación.

"Allí van a tener acceso las víctimas, los imputados, los abogados y todas las personas que estén relacionadas con la investigación", aseguró a periodistas, recalcando que 115 familiares de víctimas acudieron a la Fiscalía para interesarse por el proceso de exhumación.

De hecho, Chávez es enemigo manifiesto de la llamada Cuarta República, que gobernó el país hasta hace una década -cuando el militar retirado llegó al poder-, por lo que los dirigentes políticos, militares y policiales que podrían ser responsabilizados por los hechos no son cercanos a su mandato.

"Aquí se tiene que acabar con 20 años de impunidad y sentar un precedente para que militares y políticos no nos vuelvan a matar al pueblo. Exigimos que no se nos olvide", dijo José Luis Martínez, de 42 años, que perdió un riñón por un disparo que dice le propinó un policía simplemente por estar en la calle.

(Por Enrique Andrés Pretel, editado por Silene Ramírez)