BILBAO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de BBK, Xabier de Irala, manifestó hoy su sorpresa por las informaciones que apuntan a que Venezuela ha dictado una orden de arresto contra él por su presunta responsabilidad en la quiebra fraudulenta de la línea aérea Venezolana Internacional de Aviación S.A. (Viasa) cuando era presidente de Iberia. Tras asegurar que no se le ha notificado ninguna imputación, defendió la legalidad en el caso de Viasa.
En un comunicado, De Irala se refiere a las noticias aparecidas en la prensa venezolana relativas a una posible orden de detención dictada por un Tribunal venezolano contra él, al que se le atribuye "responsabilidad sobre la quiebra fraudulenta de Viasa".
El máximo responsable de la BBK aseguró que no se le ha notificado que esté imputado en ningún proceso, ni haya sido requerido por ningún Tribunal en relación con este tema. En este sentido, precisó que la noticia le ha sorprendido e ignora "su fundamento".
Además, defendió que "el proceso de suspensión de pagos y posterior quiebra de la compañía venezolana Viasa se hizo con absoluta transparencia y ajustándose a la legalidad vigente, como así establecieron numerosas sentencias de los Tribunales venezolanos".
En esta línea, recordó que "la compañía Iberia adquirió en el año 1991 un 45 por ciento de las acciones de Venezolana Internacional de Aviación, S.A. (VIASA), un 40 por ciento permaneció en manos del Fondo de Inversiones de Venezuela (fondo del Gobierno venezolano), y un 15 por ciento el Banco Provincial Saca (hoy filial del BBVA)".
Xabier de Irala precisó que, cuando se hizo cargo de la Presidencia de Iberia en 1996 -que abandonó en 2003-, siendo ésta una empresa pública española, "la situación financiera de Viasa era insostenible".
"Tras haber acordado con el resto de socios mencionados la implantación de un Plan Director que permitiera sacar adelante la compañía y tras la oposición irreductible de los sindicatos a la adopción de las medidas de ajuste necesarias, en la Asamblea de accionistas de Viasa de febrero de 1997 se acordó solicitar la suspensión de pagos", señaló.
Asimismo, puntualizó que "esta suspensión fue confirmada por los Tribunales venezolanos" y, posteriormente, en diciembre de 2000 "un Juzgado decretó la quiebra". "Por la información de que se dispone actualmente, este proceso mercantil de quiebra aún no ha finalizado y ni ha habido calificación de la quiebra", manifestó.
Por ello, expresó "su extrañeza por las noticias aparecidas" y reiteró "su total disposición a colaborar en este proceso, si así le fuera requerido".