CARACAS, 11 May. (EUROPA PRESS) -
La filial venezolana de la operadora de telefonía móvil española Movistar emitió este lunes (madrugada del martes en España) un comunicado en su página web en el cual rechaza el anuncio realizado hoy por el diputado chavista Ángel Landaeta, que afirmó que la Asamblea Nacional demandará a la empresa española por presuntos delitos de estafa, irregularidades en la facturación y fallos reiterados en el servicio.
En un comunicado dirigido a la opinión pública venezolana, Movistar afirma que durante mucho tiempo ha estado negociando en la subcomisión parlamentaria de Servicios Públicos, presidida por Landaeta, las diversas solicitudes planteadas por el Estado venezolano, y que está dispuesta a está dispuesta "a colaborar y a establecer una dinámica en conjunto".
"La compañía ha trabajado de la mano con los miembros de esta subcomisión de la Asamblea Nacional, creando una mesa de trabajo, y le ha reiterado en diversas oportunidades el compromiso de responder cada una de las solicitudes planteadas, con respecto al servicio que ofrece en el área de las telecomunicaciones a nivel nacional, ya que está dispuesta a colaborar y a establecer una dinámica en conjunto", afirmaba Movistar en su comunicado.
La empresa, además, reiteraba en el escrito su compromiso con sus clientes y con el conjunto de la sociedad venezolana "tal y como lo ha venido haciendo desde el inicio de sus operaciones" en el país.
Según señaló Landaeta en un comunicado emitido hoy lunes, "Movistar (...) hace constantemente incrementos de las tarifas sin consultar a los usuarios ni participarles previamente, violando la Ley de Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Redondean siempre hacia arriba".
El parlamentario afirmó que la Asamblea Nacional había recibido denuncias respecto a la cobertura de la empresa, irregularidades en la facturación --como el vencimiento mensual del consumo y el cobro por minutos desde antes de que se active la comunicación-- y fallos injustificados en el servicio.
La tercera operadora del país, la venezolana Digitel, también sería demandada por las mismas faltas. La telefonía móvil es un negocio muy rentable en Venezuela, donde al cierre del primer trimestre de 2009, la penetración del servicio era del 98,96 por ciento, según el organismo regulador de la industria, Conatel.
El Gobierno de Chávez impulsa una fuerte regulación sobre la economía nacional, argumentando que defiende a los pobres del capitalismo salvaje, mediante controles de precios y de cambios. Sin embargo, el país petrolero mantiene la inflación más alta de América Latina --25,1 por ciento en el 2009-- y diversos analistas señalan que Venezuela podría ser una de las pocas economías de la región que cierre 2010 en números rojos.