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QUITO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, se ha defendido este viernes de quienes le acusan de "perseguir a los opositores que denuncian corrupción", después de que la Justicia ratificara la condena contra tres disidentes por injurias.
En su comparecencia pública de hoy, Correa se ha referido al caso del asambleísta Cléver Jiménez y sus asesores Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, cuyas condenas a entre seis y 18 meses de cárcel por injurias fueron ratificadas el pasado martes en casación.
Correa inició un proceso judicial contra estos tres opositores después de que presentaran una denuncia en su contra ante la Fiscalía por delitos de lesa humanidad, basándose en que durante el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010 el mandatario ordenó disparar contra un hospital.
"No se dejen engañar, dicen que Correa persigue a los opositores que quieren denunciar corrupción, pero se les juzgó porque presentaron una demanda a la Fiscalía", ha explicado, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias ANDES.
Correa ha considerado que "están abusando del sistema de administración de Justicia". "Imagínese si le hacen eso (al presidente estadounidense, Barack Obama), que porque le odian presentan una denuncia en su contra", ha planteado.
El líder izquierdista ha insistido en que "no es por lo que dijeron, que ya era grave, sino por lo que escribieron, firmaron con un abogado y presentaron ante la Fiscalía". "Nadie está por encima de la ley", ha sostenido.
EL 30-S
La supuesta intentona golpista del 30-S comenzó por una manifestación de la Policía Nacional ecuatoriana contra una ley impulsada por el Gobierno que, según decían, les quitaba beneficios salariales y económicos.
Correa acudió al lugar para intentar dialogar con los policías, pero fue agredido y capturado por un nutrido grupo de agentes que lo llevaron hasta el Hospital de la Policía Nacional, donde estuvo retenido diez horas, hasta que fue rescatado por el Ejército.
En esta jornada de movilización policial murieron 10 personas y resultaron heridas otras 300, en unos hechos que el Gobierno ecuatoriano calificó como intento de golpe de Estado.