QUITO, 14 Dic. (EP/AP) -
Ecuador anunció hoy que "no consentirá" someter a la jurisdicción del centro de arbitraje del Banco Mundial (BM) las diferencias que surjan sobre las inversiones relacionadas con petróleo, gas, minerales y otros recursos naturales.
La decisión fue notificada el 4 de diciembre mediante una carta dirigida al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un ente del BM y al que Ecuador quedaría sujeto por pertenecer a esa órgano multilateral, informó la Cancillería en un comunicado.
"La República del Ecuador no consentirá el someter a la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones las diferencias que surjan en materias relativas al aprovechamiento de recursos naturales como petróleo, gas, minerales u otros", indica la misiva.
El documento no contiene consideraciones, ni antecedentes que motivaron la adopción de la decisión. La ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, por su parte, declaró en mayo que el historial de resoluciones emitidas por el CIADI "le da más del 98 por ciento de beneficio a la inversión estadounidense".
"Uno siempre tiene la pelea perdida ya desde el comienzo", declaró la ex funcionaria del Gobierno de Rafael Correa. Al menos dos casos de arbitraje interpuestos por las petroleras estadounidenses Occidental Petroleum Corp. y City Oriente se encuentran actualmente en el CIADI, ya que denuncian haber sido afectadas por las decisiones del Gobierno ecuatoriano.
Occidental salió del país en mayo del 2006 cuando Ecuador terminó el contrato con la compañía, unilateralmente, acusándola de incumplimientos contractuales. Los campos petroleros que operaba y los bienes de Occidental pasaron a manos del Estado. La empresa busca que el país le pague una compensación de 1.000 millones de dólares.
El convenio del CIADI, en sus disposiciones finales, establece que "todo estado contratante podrá denunciar este convenio mediante notificación escrita dirigida al depositario del mismo. La denuncia producirá efecto seis meses después del recibo de dicha notificación".
Ramiro Crespo del banco de inversiones Analytica Securities, basado en Quito, considera que la decisión es un "error" del Gobierno porque la percepción es que "no quiere someter sus controversias a terceros que se los considera independientes y con mayor especialización" que las cortes nacionales a las que deberán acudir en el futuro. "Aumenta el riesgo de invertir en el país y por lo tanto va a disminuir el número de inversionistas o los inversionistas que vendrán van a exigir un mayor rendimiento".
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(EUROPA PRESS)