Foto: BANCO CENTRAL ECUADOR/ANDES
QUITO, 15 Mar. (Notimérica/EP) -
El Gobierno de Ecuador ha iniciado esta semana una nueva ronda de pago a los depositantes de los bancos que quebraron con la crisis financiera que sufrió el país andino en 1999, según ha informado el presidente del Banco Central, Diego Martínez.
La primera ronda de pago se ha prolongado entre el lunes y el jueves y ha abarcado a alrededor de 100 depositantes cuyos fondos suman aproximadamente 1,8 millones de dólares, de acuerdo con la agencia de noticias ANDES.
"Para ser una primera semana, la expectativa que nos genera es sumamente positiva y parto del hecho de comparar estadísticas", ha dicho Martínez, señalando que entre 2010 y 2013 apenas se pagaron cinco millones de dólares.
El presidente del Banco Central ha confiado en que, a este ritmo, de cara al próximo 5 de septiembre Ecuador haya saldado la deuda de los bancos quebrados ante unos 44.000 depositantes con cuentas por un total de 50 millones de dólares.
Martínez ha achacado este avance a la ley aprobada el pasado 20 de febrero con el fin de acabar de una vez por todas con los efectos de la mayor crisis financiera de la historia ecuatoriana, entre otras cosas, agilizando los pagos a los depositantes.
El mayor logro de esta norma jurídica --ha destacado-- es que ha permitido elaborar una lista de los haberes de los depositantes de manera independiente a los activos que poseían en el momento de la quiebra de sus entidades bancarias.
"Si el banco tenía que pagar a depositantes 10 millones de dólares, pero tenía en activos apenas un millón, la probabilidad de pagar a esa gente era casi nula. Había otros bancos con más equilibrio: había en activos edificios, terrenos, y la cartera", ha especificado.
Martínez también ha destacado que dicha ley ha permitido separar en dos grupos a los deudores: por un lado, los vinculados a la banca --500 personas que deben 2.600 millones de dólares-- y, por otro, los no vinculados o de buena fe --2.800 personas que deben 2.600 millones de dólares--.
El texto legal beneficia a los deudores de buena fe porque les da de plazo hasta el próximo 21 de abril para recalcular su deuda con un 5 por ciento de interés y descuentos en costes por morosidad y judiciales. Ya se han presentado unos 730 deudores no vinculados.
Los deudores vinculados, en cambio, serán arrastrados a un proceso judicial y, en el caso de que ni aún así puedan cancelar sus deudas, serán declarados insolventes, lo que permitirá embargar las renta de cualquier actividad económica que realicen.