Publicado 22/01/2014 20:19

Ecuador.- Ecuador rechaza las críticas de HRW sobre la falta de libertad de expresión por su sesgo político


QUITO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ecuatoriano ha restado importancia a las críticas de Human Rights Watch (HRW) por "cercenar la libertad de expresión", al considerar que se trata de un análisis "político", y ha asegurado que en el país "se puede decir lo que se quiera, pero de forma responsable".

El presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Patricio Barriga, ha reaccionado al informe sobre Derechos Humanos en América Latina publicado ayer por HRW, que en el caso de Ecuador critica la Ley de Medios porque "cercena la libertad de expresión"

"Lo que pueda decir HRW nada tiene que ver con la realidad que estamos viviendo", ha sostenido, en una entrevista concedida este miércoles a la agencia de noticias oficial ecuatoriana, ANDES.

Barriga ha asegurado que "en Ecuador se puede decir lo que se quiera". "Lo único que se pide es que quien lo diga se haga responsable. Esa es una línea fundamental y está expresada en la Constitución", ha matizado.

Sobre la Ley de Medios ha negado que tenga imprecisiones, como sostiene la ONG estadounidense. "Y si hubiese alguna, el reglamento (expedido el pasado lunes por el Ejecutivo) hace lo que corresponde. Es decir, precisa", ha apuntado.

El titular de Cordicom, institución creada por la Ley de Medios, ha considerado que el objetivo de HRW es desprestigiar la regulación de los medios de comunicación que ha llevado a cabo el Gobierno de Rafael Correa.

"En el caso de Ecuador, creo que la Ley, al contrario de lo que puede advertir este o algunos 'think tanks', que ya sabemos cuáles son sus sesgos, lo que hace es proteger y amparar los derechos a la información y comunicación de todas las personas", ha subrayado.

La Ley de Medios fue aprobada el pasado mes de junio gracias a la mayoría del oficialismo en la Asamblea Legislativa y con la oposición del resto de los grupos parlamentarios. La norma jurídica se sustenta en la Constitución de 2008 y en la consulta popular de 2010.