Actualizado 08/01/2014 23:30

Chevron ha espiado los correos electrónicos de Correa

El presidente de Ecuador, Rafael Correa
Foto: REUTERS

QUITO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La petrolera estadounidense Chevron ha espiado los correos electrónicos del presidente de Ecuador, Rafael Correa, entre otras autoridades del país andino, según ha denunciado este miércoles el secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera.

   "Chevron ha 'hackeado' mis correos electrónicos, los del presidente y los del procurador de la nación", ha dicho en una en una entrevista concedida a Gama TV y recogida por la agencia de noticias oficial de Ecuador, ANDES.

   Mera ha indicado que esta revelación es fruto de la investigación realizada contra el diputado opositor Cléver Jiménez y su asesor, Fernando Villavicencio, por espionaje. "Curiosamente tenían entre sus documentos esta información y eso es algo que tendráN que explicar", ha dicho, en alusión a los correos electrónicos.

   Además, ha denunciado que este espionaje "puso en peligro al país" porque en los correos electrónicos había conversaciones entre Correa y su abogado que contenían estrategias de Estado. "Pudo poner en peligro algunas negociaciones internacionales", ha detallado.

   El asesor jurídico ha negado la comparación que algunos medios de comunicación han hecho entre Jiménez y el fundador de Wikileaks, Julian Assange, que está refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012 porque asegura que es víctima de una persecución política por publicar material clasificado de Estados Unidos.

   Mera ha considerado que "no es comparable" porque Assange dijo claramente quién le había facilitado la información y el diputado opositor "la robó"· "Jiménez ha dicho públicamente que tiene 'emails' míos, no se lo está persiguiendo, es un acto de Justicia", ha sostenido.

   A este respecto, ha asegurado que las pesquisas se están llevando a cabo "en estricto apego a la Constitución" y que "no existe ninguna posibilidad de que en el proceso se alteren o forjen datos en contra de Jiménez y Villavicencio".

   "Actualmente, tenemos ordenadores que brindan respaldos, bases de datos y localizadores IP que hacen imposible cambiar o truncar datos. En este proceso de investigación existen todas las garantías para encontrar la verdad", ha afirmado.

SUPUESTO ESPIONAJE

   En los últimos días, la Fiscalía ha allanado la oficina de Jiménez y la casa de Villavicencio para recabar información en el marco de las investigaciones judiciales por el supuesto espionaje contra altos funcionarios.

   Los acusados han rechazado las acusaciones y han denunciado que se trata de una maniobra política para impedir que los supuestos casos de corrupción en el Gobierno que estaban indagando salgan a la luz pública.

CASO CHEVRON

   El caso se remonta a la década de 1990, cuando los habitantes del lago Agrio denunciaron a Texaco, adquirida por Chevron en 2001, por contaminar la selva y sus acuíferos con cientos de vertidos de deshechos entre 1964 y 1992, provocando daños en cosechas y en la salud pública, incluidas muertes por cáncer.

   Chevron, por su parte, sostiene que los pozos donde se realizaron los vertidos de deshechos fueron limpiados y que sus actividades no son responsables de ninguno de los daños causados al medio ambiente y a la salud pública.

   En el primer asalto judicial, la Corte de la provincia ecuatoriana de Sucumbíos condenó en 2011 a la empresa estadounidense a pagar 18.200 millones de dólares que, debido a su negativa a hacerlo, han ascendido a 19.000.

   En respuesta a un recurso de Chevron, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó en 2013 el fallo de la Corte de Sucumbíos, pero redujo la indemnización a 8.646 millones de dólares, a los que hay que sumar un diez por ciento en cumplimiento de la Ley de Gestión Ambiental, porque en la legislación ecuatoriana no existe la figura de disculpas públicas.

   Chevron, que ya no tiene intereses en Ecuador, ha llevado a cabo una ardua tarea para evitar el pago. En febrero de 2011, presentó una denuncia ante un tribunal federal de Nueva York contra los demandantes y sus abogados, argumentando que el veredicto se obtuvo mediante fraude.