QUITO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ecuatoriano decidió hoy levantar el estado de emergencia decretado en la provincia amazónica de Orellana, tras más de tres horas de reunión entre el presidente, Rafael Correa, y las asociaciones de Derechos Humanos, en la que analizaron los supuestos excesos por parte de la fuerza pública en el cantón de Dayuma.
El ministro de Gobierno encargado, Fernando Bustamante, anunció que se acordó formar una comisión de seguimiento de los sucesos. Aunque los 22 detenidos continuarán encarcelados, Bustamante aseguró que vigilarán que el debido proceso siga adelante con el cumplimiento de las garantías constitucionales.
Por su parte, el ministro de Defensa, Wellington Sandoval, aseguró que funcionarios del Gobierno visitarán la zona el 18 de diciembre para elaborar una propuesta de plan integral de la Amazonía. Esta mañana (hora local), la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos llegó a la reunión con tres peticiones: levantar el estado de emergencia en Dayuma, liberar a los 22 detenidos y conformar una comisión independiente para que investigue la situación en la población amazónica.
Antes de entrar a la cita, el presidente de la organización, Luis Ángel Saavedra, adelantó que presentará pruebas para nueve de los 22 casos, aunque existe una sola instrucción fiscal para todos los detenidos. Por ello, indicó, si demuestran que hay nueve inocentes, "se desbarata todo el caso, desde la perspectiva judicial".
"Si es que ha habido algún abuso de la autoridad se van a recabar pruebas y si se encontrara que hubo abusos obviamente la comisión se asegurará que las medidas disciplinarias y de compensación se tomen", afirmó Bustamante. Los procesos judiciales contra los detenidos seguirán su curso y el Gobierno garantizará que cuenten con una adecuada defensa, señaló el ministro de Justicia, Gustavo Jalkh.
PROTESTAS CONTRA PETROECUADOR
Hace dos semanas, decenas de ciudadanos de las poblaciones de Dayuma, Inés Arango, Taracoa y Dorado, a unos 190 kilómetros al sureste de Quito, en mitad de la selva amazónica, irrumpieron en las instalaciones de Petroecuador para exigir obras de infraestructura y empleo.
Por la protesta, 47 pozos petroleros y estaciones de bombeo de crudo quedaron paralizadas y dejaron pérdidas por unos 10 millones de dólares porque no se extrajeron unos 36.000 barriles de crudo, según cálculos del Gobierno. Durante los sucesos se registraron choques entre civiles y militares, así como un ataque con explosivos contra puentes de la localidad, aunque no dejaron daños.
Ante ese panorama, Correa decretó el estado de emergencia aduciendo una "grave conmoción interna" que, entre otras cosas, suspendió varios derechos civiles, de reunión y establecía un toque de queda. La gravedad de la situación, que no pudo ser controlada a tiempo, desencadenó las renuncias del ministro de Gobierno Gustavo Larrea y del presidente de Petroecuador Carlos Pareja.